Migración: administrar antes que improvisar

Por Daniel Segundo Monzon

En octubre de 2026, la discusión dominicana sobre Haití y migración necesita salir del ciclo de alarma, reacción y olvido. La soberanía nacional incluye el derecho y el deber de controlar el territorio, determinar quién entra y hacer cumplir las normas migratorias. También exige algo menos espectacular, pero más decisivo: capacidad administrativa para saber quién trabaja, dónde lo hace, qué empresa lo contrata y cuáles instituciones responden por los efectos locales de esa realidad.

República Dominicana lleva años combinando controles estrictos con una dependencia persistente de trabajadores haitianos en agricultura, construcción y servicio doméstico. Esa tensión no es nueva, pero tampoco se ha resuelto. Sin información actualizada e integral sobre el tamaño y composición de esa fuerza laboral, el Estado fiscaliza a ciegas, el empleador informal obtiene ventajas y los municipios reciben presiones sin instrumentos suficientes para planificar.

Un registro laboral funcional permitiría separar fenómenos que el debate público mezcla con facilidad: migración irregular, contratación empresarial, trata, tráfico de personas y demanda legítima de trabajadores. No se trata de convertir una inscripción en regularización automática. Se trata de vincular identidad, empleador, actividad, duración contractual y obligaciones legales, con controles que impidan documentos fraudulentos o intermediación abusiva.

La inspección laboral debe acompañar ese registro. Si determinados sectores utilizan mano de obra extranjera, no puede recaer toda la responsabilidad sobre el trabajador. Las empresas y contratistas que faciliten permanencias irregulares o eludan normas deben responder. La política migratoria pierde credibilidad cuando persigue al más visible y deja intacta la estructura económica que alimenta la informalidad.

Los ayuntamientos también necesitan un lugar en la estrategia. Salud primaria, residuos, vivienda precaria, convivencia y uso del espacio público se manifiestan localmente, aunque las decisiones migratorias correspondan al Gobierno central. Una coordinación seria debería compartir información, identificar municipios sometidos a mayor presión y asignar recursos con criterios transparentes. El control nacional sin gestión municipal produce anuncios; no necesariamente produce orden.

Nada de esto invalida las preocupaciones de seguridad. La crisis haitiana continúa y Naciones Unidas renovó a finales de septiembre el mandato de una fuerza de seguridad en el país vecino. República Dominicana ha reforzado controles y anunciado despliegues militares. Es razonable prevenir que la inestabilidad desborde nuestras capacidades. Pero seguridad y debido proceso no son conceptos incompatibles. Las deportaciones deben ejecutarse con identificación adecuada, revisión de cada caso y controles contra arbitrariedad o perfilamiento racial.

La comunidad internacional, por su parte, no puede limitarse a pedir moderación a Santo Domingo mientras ofrece respuestas insuficientes dentro de Haití. La estabilización, la asistencia humanitaria y el financiamiento deben ser responsabilidades compartidas.

La política más firme no siempre es la que exhibe más operativos. Es la que registra, inspecciona, coordina y rinde cuentas. En 2026, administrar bien la migración es una prueba de soberanía tan importante como controlarla.