Por Daniel Segundo Monzón
El Consejo Electoral Provisional de Haití lo confirmó esta semana: las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 13 de diciembre de 2026 quedan pospuestas de manera indefinida. Sin nueva fecha. Sin cronograma. Sin horizonte. Es la última estación de un tren que lleva diez años descarrilado, desde que Haití celebró sus últimas elecciones en 2016 y el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 terminó de derrumbar lo que quedaba de institucionalidad.
Para muchos en República Dominicana, la noticia pasó como un titular más. Otro caos haitiano. Otro aplazamiento. Otro fracaso. Pero esa indiferencia es, en sí misma, parte del problema. Porque lo que ocurre al otro lado de la frontera no es un asunto ajeno: es una variable permanente en nuestra ecuación de seguridad, economía y política exterior.
Un Estado que no existe
Haití no tiene un Estado funcional. No es una hipérbole ni una exageración periodística: es la descripción técnica de lo que ocurre cuando las bandas armadas controlan entre el 80 y el 90 por ciento de Puerto Príncipe, cuando 1.5 millones de personas —el 13.6 por ciento de la población— están desplazadas internamente, y cuando el propio Consejo Electoral admite que no puede garantizar la apertura de centros de votación en los departamentos con mayor peso electoral.
La coalición de pandillas Viv Ansanm no solo controla territorios: impone reglas, bloquea carreteras estratégicas, administra mercados y dicta quién entra y quién sale de zonas enteras. En ese contexto, hablar de elecciones no es democracia: es teatro. Y la comunidad internacional lo sabe. Por eso la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) de la ONU, que prometió 5,500 efectivos, opera con apenas 1,500 desplegados. Por eso el Consejo de Seguridad extendió el mandato hasta marzo de 2027 reconociendo, en sus propias palabras, que "el trabajo no está terminado".
El costo dominicano del vacío haitiano
República Dominicana no puede darse el lujo de tratar la crisis haitiana como un problema ajeno. Tenemos 391 kilómetros de frontera compartida. Tenemos una economía que exportó a Haití un 22 por ciento más en el primer trimestre de 2026 que en el mismo período del año anterior. Tenemos sectores enteros —construcción, agricultura, servicios— que dependen estructuralmente de mano de obra haitiana. Y tenemos una Dirección General de Migración que enfrenta redes organizadas de tráfico de personas que se alimentan directamente del colapso institucional del país vecino.
Cuando Haití no tiene Estado, la frontera se convierte en el único Estado que existe para miles de personas. Y esa frontera la administra República Dominicana, con todos los costos que eso implica: militares, logísticos, diplomáticos, humanitarios. Cada vez que el gobierno haitiano no puede controlar un kilómetro de su territorio, ese kilómetro se convierte en un problema dominicano.
La trampa de la tecnocracia electoral
Analistas haitianos y expertos internacionales llevan meses advirtiendo sobre lo que llaman la "trampa de la tecnocracia electoral": la insistencia de la comunidad internacional en organizar elecciones como símbolo de democracia, sin garantizar primero que exista un Estado capaz de sostenerlas. El resultado previsible es lo que ocurrió esta semana: un proceso que nació sin condiciones, murió sin fecha y dejó a Haití exactamente donde estaba, pero con más tiempo perdido.
El problema de fondo no es logístico. Es político. Haití necesita un pacto de gobernabilidad antes de necesitar urnas. Necesita que los actores con poder real —incluyendo, inevitablemente, a quienes hoy controlan territorios por la fuerza— sean parte de una negociación que construya las condiciones mínimas para que un Estado pueda funcionar. Sin eso, cualquier elección producirá autoridades sin legitimidad, parlamentos fragmentados y un ciclo de inestabilidad que se retroalimenta.
Lo que RD puede y debe hacer
República Dominicana no puede resolver la crisis haitiana. Pero sí puede dejar de tratarla como un problema que se gestiona con deportaciones masivas y retórica de muro. La estabilidad de Haití es un interés estratégico dominicano, no una concesión humanitaria. Un Haití con instituciones funcionales, con un Estado que controle su territorio y con una economía que ofrezca alternativas a sus ciudadanos, es el único escenario en el que la presión migratoria sobre RD disminuye de manera sostenible.
Eso requiere una política exterior activa, no reactiva. Requiere que la Cancillería dominicana lidere en los foros regionales la discusión sobre qué tipo de apoyo internacional necesita Haití —no solo fuerzas de seguridad, sino reconstrucción institucional, inversión en gobernanza y presión real sobre los actores que financian a las bandas armadas desde el exterior. Requiere, también, que el debate interno dominicano sobre migración abandone el terreno del miedo y entre al terreno de la política pública seria.
Haití pospuso sus elecciones indefinidamente. Eso no es solo una mala noticia para los haitianos. Es una señal de que el vacío al lado nuestro se profundiza. Y los vacíos, en geopolítica como en física, siempre se llenan de algo. La pregunta es si República Dominicana tendrá una estrategia cuando eso ocurra, o si seguirá improvisando frente a una crisis que lleva décadas anunciándose.
