Esta semana, un grupo de legisladores depositó en la Cámara de Diputados el llamado "Proyecto de ley sobre el Pacto de Nación de políticas públicas con relación a la crisis de Haití". El texto propone restricciones sin precedentes: que los ciudadanos haitianos necesiten autorización del Poder Ejecutivo para comprar propiedades, que sectores enteros del mercado laboral —transporte, seguridad privada, motoconcho, guías turísticos— queden reservados exclusivamente para dominicanos, y que los estudiantes haitianos que se gradúen en universidades dominicanas estén obligados a regresar a su país por cuatro a siete años antes de poder ejercer su profesión aquí. Incluso se propone que los trabajadores agrícolas haitianos entreguen sus machetes al patrón al final de cada jornada.
La pregunta que este proyecto obliga a hacerse no es si República Dominicana tiene derecho a regular la migración —lo tiene, como cualquier Estado soberano—. La pregunta es si este conjunto de medidas constituye política migratoria seria o si es, en cambio, legislación construida sobre el miedo.
El contexto que no puede ignorarse
Haití acaba de posponer indefinidamente sus elecciones presidenciales y legislativas, que estaban previstas para el 13 de diciembre de 2026. El Consejo Electoral Provisional (CEP) anunció el 6 de octubre que suspendía incluso el inicio de la campaña, sin ofrecer una nueva fecha. El país lleva sin elecciones nacionales desde 2016 y sin un presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021. Las bandas armadas de la coalición Viv Ansanm controlan entre el 80% y el 85% de Puerto Príncipe. Hay 1.4 millones de desplazados internos y 5.8 millones de personas —más de la mitad de la población— en inseguridad alimentaria crítica.
Ese es el Haití real que empuja a sus ciudadanos hacia la frontera dominicana. No es una migración de conveniencia. Es una migración de supervivencia.
Lo que el proyecto propone y lo que no resuelve
Algunas de las medidas del proyecto tienen lógica administrativa: un registro biométrico actualizado, la verificación de estatus migratorio en contratos de arrendamiento, la digitalización del Libro de Extranjería. Son herramientas de gestión que cualquier Estado moderno debería tener. El problema no está en esas disposiciones.
El problema está en las que criminalizan la condición de extranjero sin papeles como si fuera una elección moral. Obligar a un trabajador agrícola a entregar su machete al patrón al final del día no es política migratoria: es una imagen que evoca épocas que República Dominicana debería haber dejado atrás. Reservar el sector del motoconcho exclusivamente para dominicanos puede sonar razonable en abstracto, pero en la práctica desplaza a miles de personas que llevan años trabajando en esa actividad sin que el Estado les haya ofrecido ninguna alternativa de regularización.
Y la disposición sobre los estudiantes universitarios es, quizás, la más contradictoria de todas. Si el objetivo declarado es que Haití se reconstruya, ¿qué sentido tiene obligar a sus profesionales más formados a regresar a un país donde las bandas armadas controlan las calles y el Estado no puede garantizar ni su seguridad ni su empleo? ¿Estamos construyendo política de desarrollo o simplemente expulsando personas?
El riesgo de legislar desde la emergencia
República Dominicana tiene razones legítimas para preocuparse por la crisis haitiana. La presión migratoria es real. Los riesgos de seguridad en la frontera son reales. El impacto sobre los servicios públicos es real. Nadie que analice la situación con honestidad puede ignorar esas realidades.
Pero legislar desde la emergencia, sin un marco de política migratoria coherente, produce normas que son difíciles de aplicar, fáciles de usar para el abuso y casi imposibles de defender ante la comunidad internacional. El proyecto no establece mecanismos claros de regularización para quienes ya están aquí. No crea rutas legales de trabajo temporal. No articula una política de retorno voluntario con incentivos. Solo restringe, prohíbe y sanciona.
Una política migratoria seria no se construye solo con muros y restricciones. Se construye también con acuerdos bilaterales, con cooperación regional, con mecanismos de trabajo temporal regulado y con la capacidad de distinguir entre quien representa un riesgo real para la seguridad y quien simplemente busca sobrevivir.
La pregunta que el Congreso debe responder
Antes de aprobar este proyecto, los legisladores dominicanos deberían hacerse una pregunta honesta: ¿esta ley resuelve el problema o solo lo hace invisible por un tiempo?
La crisis haitiana no va a desaparecer porque se prohíba a sus ciudadanos comprar propiedades en RD. Las bandas armadas no van a retroceder porque los estudiantes haitianos tengan que regresar a su país al graduarse. La migración irregular no va a detenerse porque los trabajadores agrícolas entreguen sus machetes al patrón.
Lo que sí puede ocurrir es que República Dominicana construya un marco legal que, en lugar de gestionar la migración, la empuje a la clandestinidad. Y en la clandestinidad, los migrantes son más vulnerables, más fáciles de explotar y más difíciles de controlar.
El Pacto de Nación, como concepto, tiene sentido. La crisis haitiana requiere una respuesta nacional articulada, con visión de largo plazo y con la seriedad que merece un problema que no tiene solución fácil ni rápida. Pero un pacto de nación no puede construirse sobre el miedo. Tiene que construirse sobre la inteligencia.
Por Daniel Segundo Monzón
