Por Daniel Segundo Monzón
República Dominicana lleva años presumiendo de un crecimiento económico que la convierte en referencia regional. El PIB crece, el turismo bate récords, la inversión extranjera directa fluye. Y sin embargo, más de la mitad de los trabajadores dominicanos se levantan cada mañana sin seguro médico, sin pensión, sin vacaciones pagadas, sin derecho a liquidación. Trabajan, pero sin red.
Los datos del Banco Central son contundentes: al cierre del segundo trimestre de 2026, la tasa de informalidad laboral en el país se situó en el 53.8%. Más de cinco millones de personas ocupadas, y más de la mitad de ellas fuera del sistema formal. No es una cifra nueva. Es una constante que el discurso del crecimiento ha aprendido a ignorar con elegancia.
El salario que no alcanza
El problema no es solo la informalidad en sí misma. Es lo que implica cuando se cruza con los niveles salariales reales. Según datos del mercado laboral formal, el 68.92% de los trabajadores registrados gana RD$30,000 o menos al mes. Y la canasta básica familiar promedio en mayo de 2026 costaba RD$49,268. La aritmética es brutal: la mayoría de quienes trabajan formalmente no gana suficiente para cubrir lo básico. Los informales, ni hablemos.
Esto no es un problema de pereza ni de falta de voluntad. Es una falla estructural del modelo de desarrollo dominicano: un modelo que genera riqueza en sectores de alta productividad —turismo, zonas francas, servicios financieros— pero que no ha logrado arrastrar consigo a la mayoría de la fuerza laboral hacia empleos dignos, estables y bien remunerados.
El primer trimestre fue una señal de alarma
Lo que ocurrió en el primer trimestre de 2026 debería haber encendido todas las alarmas. De los 118,631 nuevos empleos creados entre enero y marzo, el 82.7% fueron informales. Ocho de cada diez nuevos puestos de trabajo, sin contrato, sin seguridad social, sin protección. El segundo trimestre mejoró el balance —50.7% formal vs 49.3% informal—, pero el patrón de fondo no cambia: la economía dominicana sigue siendo una máquina de producir empleo precario.
Y aquí está la paradoja que nadie quiere nombrar con claridad: el país puede crecer al 4% o al 5% anual y, al mismo tiempo, seguir produciendo una mayoría de trabajadores que no tienen acceso a los beneficios básicos de esa prosperidad. El crecimiento existe. La distribución, no.
Lo que el Estado no está haciendo
La formalización laboral no es un problema nuevo en República Dominicana, pero tampoco ha sido una prioridad real de política pública. Los incentivos para que pequeñas y medianas empresas formalicen a sus empleados son insuficientes. Los costos de la formalidad —aportes al seguro social, AFP, riesgos laborales— representan una carga significativa para negocios que operan con márgenes estrechos. Y el Estado, en lugar de diseñar mecanismos graduales y accesibles de incorporación al sistema, ha optado por la tolerancia tácita de la informalidad como válvula de escape social.
El resultado es un círculo vicioso: trabajadores informales que no cotizan al sistema de salud ni a las AFP, lo que debilita la base financiera de ambos sistemas; un Estado que recauda menos de lo que podría; y una clase trabajadora que llega a la vejez sin pensión y al hospital sin seguro. El crecimiento del PIB no aparece en esa ecuación.
Una economía que crece hacia arriba, no hacia afuera
El economista Dani Rodrik lleva décadas advirtiendo sobre el riesgo de la "desindustrialización prematura" en países en desarrollo: economías que saltan de la agricultura a los servicios sin pasar por la industrialización que históricamente ha generado empleo formal masivo y de calidad. República Dominicana es un caso de manual. El turismo emplea a muchos, pero en condiciones frecuentemente precarias. Las zonas francas ofrecen empleo formal, pero concentrado geográficamente y con salarios que apenas superan el mínimo. El sector financiero y tecnológico crece, pero absorbe una fracción pequeña de la fuerza laboral.
El resultado es una economía que crece hacia arriba —en términos de PIB, de inversión, de infraestructura— pero que no crece hacia afuera, hacia la mayoría de los dominicanos que trabajan en el mercado informal, en el sector agropecuario, en el comercio de subsistencia.
Lo que hay que exigir
No se trata de demonizar el crecimiento. Se trata de exigir que el crecimiento sea inclusivo. Eso requiere políticas concretas: incentivos fiscales diferenciados para empresas que formalicen empleados de bajos ingresos; simplificación radical de los trámites de afiliación al seguro social para pequeños negocios; revisión del salario mínimo con criterios de productividad sectorial; y una estrategia de desarrollo productivo que apunte a sectores con mayor capacidad de generar empleo formal y bien remunerado.
Mientras el 53.8% de los trabajadores dominicanos siga sin red de protección, el discurso del crecimiento seguirá siendo, para la mayoría, una estadística ajena. El país puede darse el lujo de crecer. Lo que no puede permitirse es seguir creciendo sin que ese crecimiento llegue a quienes lo hacen posible con su trabajo diario.
El empleo que no protege no es empleo pleno. Es supervivencia disfrazada de estadística.
