Por Daniel Segundo Monzon / Columnista de El Zafacón
Hay una pregunta que los dominicanos nos hacemos cada vez que estalla un nuevo escándalo de corrupción, cada vez que los titulares nos muestran a funcionarios acusados de desviar fondos públicos destinados a la salud, la educación o la seguridad social: ¿cuándo va a cambiar esto?
La respuesta incómoda es que no cambiará sola. La corrupción en la República Dominicana no es un accidente. No es la obra de unos pocos individuos perversos que se colocaron en los lugares equivocados. Es un sistema. Un sistema que aprendió a sobrevivir a gobiernos, partidos y reformas. Un sistema que muta de rostros pero no de lógica.
El caso SeNaSa 2.0 —donde al menos diez funcionarios admitieron haber desfalcado fondos destinados a la protección de salud de los más vulnerables— no es una anomalía. Es la punta visible de un iceberg que lleva décadas bajo el agua. Y no es nuevo: tenemos escándalos documentados en la Contraloría, en los ministerios, en los ayuntamientos, en las instituciones autónomas. El patrón es siempre el mismo: licitaciones amañadas, sobornos, empresas fantasma, pluriempleo ilegal y redes de complicidad que cruzan partidos y administraciones.
Lo que hace particularmente grave este momento no es solo la magnitud de los casos expuestos, sino la fragilidad institucional que los permite. La Contraloría General, la Cámara de Cuentas y el propio Ministerio Público son percibidos por sectores amplios de la ciudadanía como instrumentos que fiscalizan según conveniencias políticas, no según principios de Estado. Esa percepción —justa o no— socava la confianza en el sistema democrático entero.
Algunos argumentan que el gobierno de Abinader ha sido más enérgico en perseguir la corrupción que sus predecesores. Puede que sea cierto en parte. Pero los problemas estructurales persisten: los conflictos de interés al nominar empresarios en cargos que coinciden con sus negocios, la contratación de "personal de confianza" en departamentos de compras, el nepotismo que opera sin consecuencias reales. Son vicios del Estado dominicano, no de un gobierno particular.
¿Qué necesita cambiar? Primero, independencia real del poder judicial y del Ministerio Público, libre de influencias partidistas y de presiones del Ejecutivo. Segundo, una cultura de rendición de cuentas donde los funcionarios públicos paguen costos políticos y penas reales por sus actos. Tercero, una ciudadanía que deje de premiar en las urnas a los mismos actores que han sido señalados de corrupción, sin importar el color del partido.
La corrupción no es solo un problema económico. Es un problema moral. Es la declaración colectiva de que el Estado existe para ser repartido, no para servir. Y mientras los dominicanos —dentro y fuera del gobierno— sigamos tratando el Estado como un botín, seguiremos preguntándonos cada cuatro años por qué nada cambia.
El cambio no vendrá de arriba. Vendrá de una sociedad que se canse de ser gobernada por la impunidad. ¿Estamos listos para ese cansancio?
