SANTO DOMINGO, RD. — Hay dos Repúblicas Dominicanas cuando se habla de seguridad. La primera vive en los boletines oficiales: tasa de homicidios de 7.34 por cada 100,000 habitantes al 18 de septiembre, 80% de los territorios en un solo dígito, operativos que "neutralizan" amenazas. La segunda vive en la calle: 563 robos en una sola semana, 27 muertos en operativos policiales en septiembre, tiroteos en zonas turísticas, familias que no salen de noche.
Ambas son reales. El problema es que el gobierno habla de la primera y la gente vive en la segunda.
Los números que el Estado celebra
La Fuerza de Tarea Conjunta reporta que la tasa de homicidios acumulada al 18 de septiembre de 2026 es de 7.34 por cada 100,000 habitantes. Si esa tendencia se mantiene, el año cerraría por debajo de la tasa de 8.7 registrada en 2025. Eso sería un avance real, no menor.
Pero hay que leer esos números con cuidado. Una tasa acumulada provisional de septiembre no es comparable directamente con un cierre anual. Los métodos de clasificación cambian. Los casos pendientes de resolución pueden alterar el conteo final. Y la tasa de homicidios, aunque importante, no captura el universo completo de la violencia que afecta la vida cotidiana.
Lo que los números no miden
El robo no está en esa tasa. Tampoco la extorsión, que ha crecido silenciosamente en barrios y negocios de todo el país. Ni la violencia doméstica, que sigue siendo una epidemia paralela. Ni la percepción de inseguridad, que tiene consecuencias económicas concretas: negocios que cierran temprano, familias que no salen, turistas que dudan.
Un informe reciente reveló 563 robos en una sola semana en República Dominicana. Eso es más de 80 robos por día. Cada uno de esos robos es una familia afectada, un negocio golpeado, una confianza rota. Ninguno aparece en la tasa de homicidios.
El debate sobre la letalidad policial
Septiembre cierra con 27 personas muertas en operativos policiales. Las autoridades los describen como enfrentamientos. Organizaciones de derechos humanos piden investigaciones independientes. Ambas posiciones tienen razón en algo: los operativos son necesarios, y la rendición de cuentas también lo es.
El problema no es que la Policía actúe. El problema es que no existe un sistema robusto de supervisión que permita distinguir con certeza cuándo un operativo fue legítimo y cuándo no. Sin esa distinción, la cifra de 27 muertos en un mes genera más preguntas que respuestas.
La Comisión Bicameral que estudia la reforma policial tiene en sus manos una oportunidad histórica. Pero las reformas policiales en América Latina tienen un historial de promesas incumplidas. La diferencia entre una reforma real y una cosmética está en los mecanismos de control, no en los discursos.
La pregunta incómoda
¿Puede un país celebrar la reducción de homicidios mientras sus ciudadanos sienten que la calle es más peligrosa que nunca? La respuesta es sí, y eso debería preocuparnos. Significa que estamos midiendo mal, comunicando peor, o que la violencia ha mutado hacia formas que los indicadores tradicionales no capturan.
Lo que viene ahora
República Dominicana necesita tres cosas urgentes en materia de seguridad. Primero, un sistema de estadísticas criminales transparente, auditado y de acceso público, que incluya todos los tipos de delito, no solo los homicidios. Segundo, una reforma policial con dientes: mecanismos reales de supervisión civil, no solo cambios de nombre y uniformes. Tercero, políticas de prevención que ataquen las causas de la violencia: desempleo juvenil, deserción escolar, ausencia del Estado en territorios controlados por el crimen.
Los datos son importantes. Pero la seguridad no se construye solo con estadísticas. Se construye cuando el dominicano de a pie puede salir a la calle sin miedo. Ese día todavía no ha llegado.
Por Daniel Segundo Monzon / Columnista de El Zafacón
