Por Daniel Segundo Monzon / Columnista de El Zafacón
Septiembre de 2026 cerrará con una cifra que incomoda: al menos 27 personas muertas en intervenciones policiales hasta el día 23, casi el doble de las 14 registradas durante todo septiembre de 2025. En menos de 48 horas, entre el 24 y el 25, cayeron nueve más. El Listín Diario contabilizó 17 en seis días. Las cifras no son directamente comparables porque cubren períodos distintos, pero todas apuntan en la misma dirección.
El Gobierno reporta, al mismo tiempo, una tasa de homicidios de 7.39 por cada 100,000 habitantes al 4 de septiembre, inferior a los 8.7 del cierre de 2025. Las autoridades presentan esa reducción como evidencia de que la estrategia funciona. Y puede que tengan razón. Pero hay una pregunta que esa cifra no responde: ¿cuántas de esas muertes en operativos eran evitables?
El problema de los datos
República Dominicana no tiene una estadística anual consolidada de 2026 sobre uso policial de la fuerza. La Oficina Nacional de Estadística mantiene bases completas hasta 2024. Los datos de 2026 son cortes administrativos provisionales, con ventanas temporales distintas y metodologías que no siempre se explican.
Sin una ficha técnica que detalle fecha, lugar, unidad actuante, persona fallecida, armas ocupadas, peritajes y estado de la investigación del Ministerio Público, es imposible hacer un análisis serio. Eso no es un detalle menor. Es el corazón del problema.
Lo que dice el Gobierno y lo que piden las organizaciones
La Policía Nacional sostiene que los sospechosos dispararon primero y que los agentes respondieron a la agresión. Es la versión institucional, y debe tomarse como punto de partida, no como conclusión.
Finjus, Codonbosco y Acadisando expresaron preocupación por el posible uso excesivo de la fuerza y solicitaron al Ministerio Público esclarecer las circunstancias de cada caso. El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, reconoció que podrían existir excesos en casos individuales.
La tesis que el Gobierno no puede ignorar
Alrededor del 47 % de los homicidios de enero a agosto de 2026 se asocia con conflictos sociales: riñas, disputas interpersonales, violencia de género. Si casi la mitad de los asesinatos no proviene de estructuras criminales organizadas, una estrategia concentrada exclusivamente en operativos y enfrentamientos resulta incompleta.
No se trata de elegir entre seguridad y derechos. Se trata de entender que una política de seguridad eficaz necesita reducir homicidios sin abandonar el debido proceso. Ambas cosas son posibles al mismo tiempo. Y ambas requieren datos.
Lo que hace falta
Primero, un registro público y actualizado sobre uso policial de la fuerza. Segundo, investigaciones independientes del Ministerio Público desde el levantamiento inicial de cada escena. Tercero, una ley orgánica de la Policía que incluya normas claras sobre uso de la fuerza y mecanismos externos de supervisión.
La pregunta incómoda
¿Puede un país presumir de una tasa de homicidios a la baja mientras no investiga de manera independiente cada muerte causada por sus propios agentes? La respuesta honesta es no. La eficacia policial y el respeto al debido proceso no son objetivos opuestos. Son las dos caras de la misma moneda.
Menos homicidios es una buena noticia. Pero no elimina la obligación de explicar cada muerte policial.
Daniel Segundo Monzon es columnista de El Zafacón.
