Por Daniel Segundo Monzon / Columnista de El Zafacón
Hay dos experiencias que pueden coexistir sin contradicción: la tasa oficial de homicidios baja, y una persona puede seguir temiendo un asalto camino al trabajo. Esas dos realidades no se anulan. Se complementan. Y entender por qué es la diferencia entre una política de seguridad que funciona y una que solo produce buenas estadísticas.
El informe semanal número 164 de la Fuerza de Tarea Conjunta situó la tasa acumulada de homicidios en 7.39 por cada 100,000 habitantes al 4 de septiembre de 2026. La serie oficial muestra una trayectoria descendente desde 13.20 en 2022, pasando por 11.49 en 2023, 9.65 en 2024 y 8.74 en 2025. Son números que merecen atención. Negarlos sin evidencia sería tan impropio como celebrarlos sin preguntas.
Preliminar no significa falso; significa revisable
El problema no es la tendencia. El problema es cómo se comunica. Los reportes semanales de la Fuerza de Tarea Conjunta son estadísticas operativas, no cifras finales validadas. La tasa definitiva de 2025, por ejemplo, fue de 8.7 por cada 100,000 habitantes, calculada por el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana. Esa diferencia entre el dato operativo y el validado no es un error: es el proceso normal de revisión. Pero cuando los boletines semanales se presentan como resultados definitivos, se crea una confusión que erosiona la confianza pública.
Cada boletín debería indicar claramente: fecha de corte, universo de casos incluidos, definición exacta de homicidio intencional, y cuántos casos han sido reclasificados desde su registro inicial. Sin esa información, el número flota sin contexto.
Lo que la tasa deja fuera
El homicidio es la forma más extrema de violencia. Pero la seguridad ciudadana no se mide solo por los muertos. Se mide también por los robos que no se denuncian porque la gente no confía en que la Policía actúe. Por el miedo a circular de noche en ciertos barrios. Por la desconfianza en el sistema judicial. Por la sensación de que la justicia llega tarde o no llega.
Los informes disponibles reconocen que robos y hurtos continúan entre las principales preocupaciones ciudadanas. Eso no aparece en la tasa de homicidios. Tampoco aparecen las 27 personas que murieron en intervenciones policiales durante septiembre de 2026, frente a 14 en el mismo período de 2025. Ese aumento no invalida la reducción de homicidios, pero sí exige una explicación. ¿Cuántas de esas muertes fueron investigadas? ¿Cuántas resultaron en imputaciones? ¿Cuántas en condenas?
El argumento oficial más sólido
El Gobierno puede sostener razonablemente que la coordinación entre Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Ministerio Público ha producido resultados dentro de la serie oficial. Cerca del 80% de los territorios del país registraría tasas de homicidios de un solo dígito. Eso merece reconocimiento, no descarte automático.
Pero reconocer un avance no equivale a cerrar el debate. Una política pública puede mejorar y todavía necesitar mayor transparencia. Puede reducir el homicidio mientras persisten robos, miedo a circular o desconfianza en la denuncia. La pregunta no es si los números son reales. La pregunta es qué nos dicen y qué nos ocultan.
Lo que necesitamos
Un tablero público de seguridad ciudadana con series descargables, fecha de actualización, revisiones históricas, definiciones claras, desagregación territorial e indicadores complementarios de robos, hurtos, denuncias y uso de la fuerza. No es una demanda técnica. Es una condición básica para que la ciudadanía pueda evaluar si las políticas que se aplican en su nombre están funcionando.
La confianza pública no crece cuando baja un indicador. Crece cuando la ciudadanía puede comprobar cómo fue calculado, qué se corrigió y qué problemas permanecen fuera de él.
Una tasa descendente puede ser una buena noticia. Pero no es un certificado de seguridad. Y confundirlos es el primer paso para dejar de mejorar.
Daniel Segundo Monzon es columnista de El Zafacón.
