Por Daniel Segundo Monzón
El Gobierno dominicano celebra que la tasa de homicidios intencionales se sitúa en 7.41 por cada 100,000 habitantes, uno de los niveles más bajos en años. Es un dato real, verificable, y merece reconocimiento. Pero hay otro dato que no aparece en los comunicados de prensa: en el primer semestre de 2026, las muertes por intervención legal de la Policía Nacional aumentaron un 14.3% respecto al mismo período de 2025.
La Iglesia Católica lo dijo esta semana con claridad: el uniforme no puede ser una licencia para matar. Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán y representantes parroquiales pusieron sobre la mesa una pregunta incómoda que la sociedad dominicana necesita responder: ¿estamos reduciendo la criminalidad o simplemente trasladando la violencia letal de un registro estadístico a otro?
El Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CACESI) confirmó que las muertes en "intercambios de disparos" no se contabilizan dentro de la tasa de homicidios intencionales. Es una decisión metodológica que tiene lógica técnica, pero que puede distorsionar la percepción pública si no se explica con transparencia. Cuando el ciudadano ve en las noticias que en una semana murieron 33 personas y 12 de ellas cayeron en "acciones legales", la estadística oficial no captura esa realidad.
La seguridad ciudadana no es solo un problema de números. Es un problema de confianza. Y la confianza se construye con transparencia, no con cifras seleccionadas. El Gobierno tiene razón en señalar que los homicidios intencionales han bajado. Pero también tiene la obligación de publicar, con la misma claridad, los datos sobre muertes en intervenciones policiales: cuántas, dónde, bajo qué circunstancias, cuántas fueron investigadas, cuántas derivaron en sanciones.
La reforma policial iniciada en 2021 ha producido avances reales: patrullaje por cuadrantes, cámaras corporales, incremento salarial. Pero una reforma que no incluye rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza letal es una reforma incompleta. El nuevo modelo de patrullaje que el presidente Abinader expandió esta semana a La Altagracia con 990 agentes es una buena noticia. Será una mejor noticia cuando venga acompañada de indicadores públicos sobre tiempos de respuesta, denuncias atendidas y actuaciones sometidas a revisión.
La Iglesia no está pidiendo impunidad para los delincuentes. Está pidiendo que el Estado de derecho aplique para todos, incluidos los agentes del Estado. Esa es una exigencia legítima, y el Gobierno haría bien en responderla con datos, no con silencio.
