Por Daniel Segundo Monzón
Hay guerras que no elegimos y que, sin embargo, pagamos. El conflicto que desde el 28 de febrero de 2026 sacude el estrecho de Ormuz —esa franja de 54 kilómetros por donde transita el 20% del petróleo y el gas del planeta— no tiene soldados dominicanos, no tiene bandera dominicana, no tiene ningún interés dominicano en disputa. Y aun así, según proyecciones del Banco Central de la República Dominicana, le costará al país 900 millones de dólares adicionales en su factura energética antes de que termine el año.
Novecientos millones. No es una cifra abstracta. Es el equivalente a más de la mitad del presupuesto anual del Ministerio de Educación. Es dinero que no irá a hospitales, ni a carreteras, ni a reducir la deuda pública. Es dinero que se evapora en el precio del barril de Brent, que en septiembre de 2026 superó los 107 dólares, y en los subsidios que el gobierno ha tenido que inyectar semana tras semana —entre RD$1,294 y RD$1,600 millones semanales— para que el precio de los combustibles no aplaste definitivamente el bolsillo de las familias dominicanas.
La trampa de la dependencia
República Dominicana importa casi el 100% de sus hidrocarburos. Esa es la raíz del problema. Durante años, el país avanzó en la diversificación de su matriz energética: la participación del petróleo en la generación eléctrica cayó del 45% en 2010 a apenas el 10% en 2025. Un logro real. Pero el sustituto principal fue el gas natural, que también viaja por rutas marítimas, que también depende de precios internacionales, que también es rehén de la misma geopolítica que hoy nos cobra la factura.
Cada dólar que sube el precio del barril representa para República Dominicana una exposición adicional de 4.4 millones de dólares al mes. Cada mes que el conflicto en Ormuz se prolonga, el margen fiscal del gobierno se estrecha. Y el ajuste llega: RD$40,000 millones en recortes de gasto público ya fueron ejecutados en 2026 para compensar el impacto. Alguien paga. Siempre alguien paga.
La CEPAL llega a Santiago de los Caballeros
Esta semana, del 7 al 9 de octubre, República Dominicana acoge el 41.º período de sesiones de la CEPAL en Santiago de los Caballeros. El tema central del encuentro —"Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prosperen en la nueva era geopolítica"— no podría ser más pertinente ni más urgente. Delegaciones de más de 30 países, expresidentes, cancilleres y economistas de primer nivel se reunirán a debatir exactamente lo que el estrecho de Ormuz nos está enseñando a golpes: que la geopolítica ya no es un asunto de grandes potencias lejanas. Es una factura que llega a casa.
El problema es que los debates de la CEPAL, por más lúcidos que sean, no bajan el precio del diésel. No reducen la inflación que en abril de 2026 llegó al 5.11%, por encima del rango meta del Banco Central. No devuelven los 900 millones que se irán en una guerra que no elegimos.
Lo que la geopolítica exige
La lección de Ormuz no es nueva, pero esta vez viene con número. Y ese número debería obligar a una conversación que en República Dominicana se ha evitado sistemáticamente: la de la soberanía energética real, no la de los discursos.
No se trata de aislarse del mercado global. Se trata de reducir la exposición. De acelerar las energías renovables no como gesto verde, sino como estrategia de seguridad nacional. De diversificar proveedores. De construir reservas estratégicas. De negociar acuerdos de largo plazo que amortigüen los choques externos. En suma, de gobernar la energía como lo que es: un asunto de Estado, no de mercado.
Mientras eso no ocurra, cada vez que el mundo se incendie en un estrecho que no conocemos, en un conflicto que no nos pertenece, en una guerra que no elegimos, la cuenta llegará igual. Y la pagaremos nosotros.
La geopolítica no pide permiso. Pero sí exige preparación. Y en eso, República Dominicana todavía tiene una deuda pendiente consigo misma.
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Daniel Segundo Monzón es columnista de opinión de El Zafacón.
