Por Daniel Segundo Monzón
En febrero de 2026, el Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) documentó algo que debería habernos sacudido la conciencia colectiva: 57 menores haitianos no acompañados fueron deportados desde República Dominicana. En marzo, esa cifra saltó a 229. Niños. Sin padres. Sin tutores. Cruzando la frontera solos hacia un país donde las bandas armadas controlan entre el 80 y el 90 por ciento de Puerto Príncipe.
Hemos debatido mucho sobre la política migratoria dominicana. Hemos discutido cifras, soberanía, economía, seguridad. Pero hay una conversación que seguimos evitando: la de los niños que quedan atrapados en el engranaje de las deportaciones masivas.
El número que no debería existir
Entre enero y julio de 2026, República Dominicana deportó a más de 250,000 haitianos, a un ritmo de casi 1,000 expulsiones diarias. Dentro de ese torrente humano, los menores no acompañados representan una fracción pequeña en términos estadísticos, pero enorme en términos morales. Un solo niño deportado sin sus padres hacia un territorio en guerra civil de facto es ya un fracaso del sistema.
Las autoridades dominicanas han sostenido que los menores son referidos al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) cuando no se puede localizar a sus familias. Pero los registros de organizaciones como Zanmi Timoun en la frontera de Belladères/Elías Piña cuentan otra historia: en los primeros cuatro meses de 2024, recibieron 200 niños que llegaron sin tutores. La tendencia no ha mejorado en 2026.
Deportar a un niño a una zona de guerra
El representante de derechos humanos de la ONU, William O’Neill, ha sido categórico: ninguna deportación forzada a Haití puede considerarse segura o digna en las condiciones actuales. Eso aplica con mayor urgencia a los menores. Un adulto tiene alguna capacidad de agencia, de buscar refugio, de tomar decisiones. Un niño de ocho, diez o doce años deportado solo no tiene ninguna.
Haití tiene hoy 1.5 millones de desplazados internos. El departamento de Artibonite, que alguna vez fue un refugio relativo, registró un aumento del 16 por ciento en desplazamiento en solo tres meses. Los campamentos informales donde viven estas familias son vulnerables a la violencia de las bandas y a los huracanes del Atlántico. Enviar a un menor a ese contexto no es política migratoria: es abandono.
El vacío legal que nadie quiere llenar
El memorándum de entendimiento firmado entre República Dominicana y Estados Unidos en mayo de 2026 sobre el programa "Escudo de las Américas" tiene una cláusula reveladora: excluye explícitamente a los nacionales haitianos y a los menores no acompañados. Es decir, incluso en el marco de la cooperación migratoria más reciente, se reconoce que estos grupos requieren un tratamiento diferenciado. Pero esa diferenciación no se aplica en las deportaciones cotidianas desde suelo dominicano.
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por República Dominicana, establece que el interés superior del menor debe ser la consideración primordial en todas las medidas que les afecten. Deportar a un niño solo a un país en crisis humanitaria severa difícilmente puede considerarse compatible con ese principio.
Una política migratoria que no puede ignorar la infancia
No se trata de abrir las fronteras ni de ignorar los desafíos reales que enfrenta República Dominicana. Se trata de reconocer que hay una categoría de personas —los niños— que no puede ser tratada como un número en una estadística de deportaciones. Que requiere protocolos específicos, verificación de vínculos familiares, coordinación con organismos internacionales y, cuando sea necesario, protección temporal.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha advertido repetidamente que sus operaciones de emergencia en Haití están al borde del colapso financiero. Si la comunidad internacional no financia la respuesta humanitaria, y si República Dominicana no establece protocolos diferenciados para menores, el costo lo pagarán los más vulnerables: los que no eligieron nacer en el lado equivocado de la frontera.
Podemos debatir la política migratoria con toda la complejidad que merece. Pero hay una línea que no debería cruzarse: la de deportar niños solos hacia una zona de guerra. Esa no es soberanía. Es indiferencia institucionalizada.
Daniel Segundo Monzón es columnista de opinión de El Zafacón.
