Por Daniel Segundo Monzón
Hay una cifra que el gobierno dominicano repite con orgullo: más de 250,000 haitianos deportados en los primeros siete meses de 2026. Casi mil expulsiones diarias. Un récord que el presidente Luis Abinader presenta como evidencia de firmeza soberana, de un Estado que controla sus fronteras y defiende sus recursos. La narrativa es limpia, contundente y políticamente rentable.
Hay otra cifra que nadie menciona en los mismos discursos: en el primer trimestre de 2026, las exportaciones dominicanas hacia Haití crecieron un 22%, alcanzando los 333.6 millones de dólares. Mientras los aviones y autobuses de deportación hacían sus viajes de ida, los camiones de arroz, huevos, cemento y medicamentos hacían los suyos en dirección contraria. La frontera que se cierra para las personas se abre para las mercancías.
Esta no es una contradicción menor. Es la radiografía de una política migratoria que opera en dos velocidades simultáneas: la velocidad del discurso político, que habla de soberanía, seguridad y control; y la velocidad de la economía real, que sigue dependiendo de Haití como mercado, como fuente de mano de obra barata y como válvula de escape para sectores productivos dominicanos que sin ese destino tendrían problemas serios de colocación.
El tercer país que nadie quiere nombrar
La frontera dominico-haitiana funciona, en la práctica, como lo que algunos analistas llaman un "tercer país": un espacio autónomo donde la interdependencia económica supera con creces a la narrativa de separación que ambos gobiernos promueven. En Dajabón, en Jimaní, en Elías Piña, miles de familias —dominicanas y haitianas— subsisten gracias a un comercio informal que históricamente ha triplicado al comercio formal registrado.
Cuando el gobierno dominicano anuncia los "puertos secos" bajo régimen de zona franca —una inversión proyectada de más de 300 millones de dólares— está reconociendo implícitamente algo que el discurso duro no admite: que la frontera no puede ser solo un muro. Que la seguridad real pasa también por la organización del intercambio económico, no solo por la expulsión masiva de personas.
Los que regresan a ningún lugar
Mientras tanto, del otro lado de esa frontera, la situación es de colapso documentado. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Haití tiene hoy 1.5 millones de desplazados internos. El 70% de sus centros de salud han cerrado desde 2020. Más de 5.7 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Las bandas armadas controlan territorios que antes eran refugio, incluido el departamento de Artibonite, que registró un aumento del 16% en desplazamiento solo en el tercer trimestre de 2026.
A ese país —sin Estado funcional, sin elecciones, sin seguridad— República Dominicana devuelve casi mil personas por día. El 98% de los retornados forzosos a Haití en 2026 provienen de RD. No es una acusación: es un dato de la OIM. Y plantea una pregunta que la política migratoria dominicana evita sistemáticamente: ¿a dónde exactamente se deporta a alguien cuando el destino es un territorio sin gobierno capaz de recibirlo?
La trampa del discurso sin política
No se trata de romantizar la migración irregular ni de ignorar los desafíos reales que la presión demográfica haitiana genera sobre los servicios públicos dominicanos. Se trata de exigir coherencia. Una política migratoria seria no puede deportar con una mano y exportar con la otra sin reconocer la contradicción. No puede construir un muro físico mientras el comercio binacional crece a doble dígito. No puede hablar de soberanía mientras la economía fronteriza depende estructuralmente del vecino que se expulsa.
La paradoja no es solo moral. Es estratégica. Si Haití colapsa del todo —si las bandas terminan de fragmentar lo que queda del Estado— el impacto sobre República Dominicana no será menor por haber deportado más. Será mayor. Porque la inestabilidad no respeta muros, y la interdependencia de una isla compartida no desaparece por decreto.
República Dominicana necesita una política migratoria que sea honesta sobre lo que es: la gestión de una relación estructural con un vecino en crisis, no la ilusión de una separación que el comercio, la geografía y la historia hacen imposible. Deportar y exportar al mismo tiempo no es soberanía. Es esquizofrenia institucional.
Daniel Segundo Monzón es columnista de El Zafacón. Sus opiniones son personales y no representan la posición editorial del medio.
