Por Daniel Segundo Monzón
La República Dominicana promulgó en junio de 2026 la Ley 30-26, bautizada oficialmente como "Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional". El nombre es ambicioso. La realidad que emerge del presupuesto 2027, presentado semanas después, es considerablemente más sobria.
El gobierno proyecta recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales gracias a la reforma. Pero el dirigente del PLD Temístocles Montás reveló el 5 de octubre, con datos del propio Sistema Nacional de Inversión Pública, que la inversión real del Estado para 2027 se situará en apenas el 1.2% del PIB. No el 2.7% que figura en el gasto de capital del presupuesto —cifra que incluye transferencias y pagos que no construyen nada—, sino el 1.2% que efectivamente se destinará a proyectos de infraestructura, salud, educación y desarrollo productivo.
La diferencia entre ambas cifras no es un tecnicismo contable. Es la distancia entre el discurso y la realidad.
Recaudar más para pagar más
La Ley 30-26 sube el impuesto a cheques y transferencias electrónicas del 1.5 al 2 por mil. Aumenta la salida aérea de US$20 a US$30. Impone una retención del 15% a los pagos al exterior por servicios digitales. Crea un tramo del 27% para ingresos superiores a RD$4.8 millones anuales. Estas medidas tienen lógica recaudatoria. Lo que no tiene lógica es que, con más ingresos proyectados, la inversión pública caiga.
La explicación está en la deuda. Según el análisis del PLD, de cada cien pesos que el Estado dominicano espera recaudar en 2027, veintiséis irán directamente al pago de intereses de la deuda pública. No a hospitales. No a carreteras. No a escuelas. A intereses. El déficit fiscal proyectado para 2027 es del 3.4% del PIB, muy por encima de la meta del 2.4% que el propio gobierno había anunciado.
Esto significa que la reforma fiscal, en su diseño actual, no es un motor de crecimiento. Es, en buena medida, un mecanismo para financiar el costo de la deuda acumulada.
El problema estructural que la ley no resuelve
República Dominicana lleva años creciendo a tasas que envidian sus vecinos del Caribe. El PIB sube. Los indicadores macroeconómicos lucen bien en los titulares. Pero la inversión pública como porcentaje del PIB ha venido cayendo de forma sostenida, y eso tiene consecuencias que no aparecen en los boletines del Banco Central.
Una economía que crece sin invertir en infraestructura productiva, en capital humano y en tecnología está consumiendo su propio futuro. El crecimiento se vuelve frágil, dependiente del consumo privado y del turismo, vulnerable a cualquier shock externo. La pandemia lo demostró. La crisis energética global lo confirmó.
La Ley 30-26 tiene elementos positivos: la exención de anticipos para microempresas, la depreciación acelerada para maquinaria industrial, la reducción del impuesto a las ganancias de capital inmobiliarias. Son medidas que pueden estimular la inversión privada. Pero la inversión privada no sustituye a la inversión pública en sectores donde el mercado no llega: agua potable en zonas rurales, hospitales en provincias olvidadas, carreteras que conectan comunidades productoras con mercados.
Lo que la reforma debió priorizar
Una reforma fiscal genuinamente pro-crecimiento habría establecido un piso mínimo de inversión pública como porcentaje del PIB, blindado por ley. Habría vinculado la recaudación adicional a proyectos específicos y verificables, no a un presupuesto general donde el gasto corriente y el servicio de la deuda absorben todo el oxígeno.
En cambio, lo que tenemos es una reforma que recauda más, pero que no garantiza que ese dinero adicional llegue a donde más se necesita. El contribuyente dominicano pagará más en transferencias electrónicas, más al salir del país, más en servicios digitales. Y el Estado, con esos recursos adicionales, pagará principalmente deuda.
Eso no es pro-crecimiento. Es pro-solvencia. Y aunque la solvencia fiscal es necesaria, no es suficiente para construir el país que la economía dominicana necesita para sostener su crecimiento en la próxima década.
La pregunta que la Ley 30-26 deja sin responder es la más importante: ¿cuándo el Estado dominicano va a invertir en serio en el país, y no solo en pagar lo que ya debe?
