Por Daniel Segundo Monzon / Columnista de El Zafacón
Hay una pregunta que los dominicanos se hacen cada vez que ven un operativo policial en las noticias: ¿y después qué? Los arrestos se anuncian, los decomisos se fotografían, los números se publican. Pero la semana siguiente, el mismo barrio sigue igual. La misma esquina. El mismo miedo.
Eso no significa que los operativos sean inútiles. Significa que no son suficientes. Y que confundir la respuesta con la solución es uno de los errores más costosos que puede cometer una política de seguridad.
Los hechos que no se discuten
República Dominicana ha invertido en seguridad. La Policía Nacional ha modernizado equipos, ampliado patrullajes y ejecutado operaciones que han desarticulado redes criminales. Las estadísticas oficiales muestran reducciones en algunos indicadores. Eso es real y debe reconocerse.
Pero también es real que la percepción de inseguridad no ha bajado al mismo ritmo. Que hay comunidades donde el microtráfico opera con una normalidad que asusta. Que hay zonas donde la violencia no es un evento excepcional sino una condición permanente. Y que hay personas que no denuncian porque no confían en que denunciar sirva de algo.
El obispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, lo dijo con claridad en septiembre: la inseguridad, el microtráfico y la violencia estructural son preocupaciones que no desaparecen con un comunicado de prensa. Requieren respeto por las normas, autoridad presente y soluciones que lleguen al territorio.
La tesis central
La seguridad duradera no se construye desde arriba hacia abajo. Se construye desde el barrio hacia afuera. Eso significa que el Estado necesita estar presente en el territorio no solo cuando hay un crimen, sino antes de que ocurra.
Prevención no es una palabra bonita para los discursos. Es una política concreta: identificar los puntos donde la convivencia se deteriora, intervenir antes de que el conflicto escale, y ofrecer alternativas reales a quienes están en riesgo.
Lo que hace falta
Primero: responsables visibles. Cada sector debería saber quién responde por la seguridad en su zona, dónde comunicar un riesgo y en qué plazo debe ofrecerse una respuesta. Sin esa trazabilidad, la participación comunitaria se convierte en una reunión ocasional sin consecuencias.
Segundo: mediación antes de la violencia. Muchos conflictos que terminan en crímenes empezaron como disputas vecinales, problemas de convivencia o tensiones que nadie atendió a tiempo. Un sistema de mediación comunitaria accesible puede interrumpir esa cadena antes de que llegue la Policía.
Tercero: infraestructura social como herramienta de seguridad. La Red de Personas Cuidadoras que impulsa el programa Supérate, los techados multiusos del Ministerio de Deportes, las escuelas de Bellas Artes que se abren en el interior del país: todo eso es también política de seguridad. No porque resuelva el crimen directamente, sino porque reduce los factores que lo alimentan.
Cuarto: tecnología con presencia humana. Las plataformas digitales pueden facilitar reportes y seguimiento, pero no sustituyen a un funcionario que responde, a un mediador que escucha, a una institución que aparece cuando se la necesita. La prioridad debe ser resolver el problema, no aumentar el número de formularios que recorre una persona antes de recibir atención.
La pregunta incómoda
¿Cuántos barrios dominicanos tienen hoy un mecanismo claro para reportar un riesgo de seguridad y recibir una respuesta verificable en menos de 48 horas? Si la respuesta es "muy pocos", ahí está el problema real.
Lo que puede ocurrir
Si el modelo sigue siendo solo reactivo —operativos, arrestos, estadísticas— la percepción de inseguridad seguirá siendo alta aunque los números mejoren. Porque la gente no vive en estadísticas. Vive en su barrio, en su calle, en su esquina.
Si en cambio se construye una presencia institucional territorial real —con responsables identificables, mecanismos de denuncia que funcionen, mediación accesible y servicios sociales que lleguen antes de que el conflicto explote— la seguridad puede empezar a sentirse, no solo a medirse.
La diferencia entre las dos opciones no es de recursos. Es de enfoque. Y ese enfoque empieza por reconocer que la seguridad no es un problema policial. Es un problema de Estado. Y el Estado tiene que estar en el barrio.
Daniel Segundo Monzon es columnista de El Zafacón.
