El VI Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional, celebrado en República Dominicana, concluyó con un llamado a repensar el concepto de "costo de la justicia" más allá del presupuesto judicial. Los participantes argumentaron que el costo real incluye dimensiones morales, procesales y sociales que los indicadores financieros no capturan.
El encuentro reunió a juristas, académicos y funcionarios judiciales que debatieron el debido proceso penal, la neutralidad judicial y las garantías procesales en el sistema dominicano.
El debido proceso en el centro
Los ponentes señalaron que un sistema de justicia que no garantiza el debido proceso genera costos sociales que superan con creces el gasto presupuestario. La impunidad, la desconfianza ciudadana y la erosión del Estado de derecho fueron identificados como consecuencias directas de un sistema judicial deficiente.
El debate adquiere relevancia en el contexto dominicano, donde casos como el SeNaSa 2.0 y el juicio del Jet Set han puesto a prueba la capacidad del sistema para procesar casos complejos con transparencia y celeridad.
Reforma judicial pendiente
La reforma a la Ley 87-01 de Seguridad Social y la Ley de Drogas son dos de los proyectos legislativos que el Congreso tiene pendientes y que inciden directamente en la calidad de la justicia. Los expertos del congreso jurídico reclamaron que las reformas procesales prioricen las garantías ciudadanas sobre la eficiencia estadística.
El Congreso dominicano retoma esta semana su agenda legislativa con varios proyectos clave pendientes de aprobación.
Por El Zafacón
