Por Daniel Segundo Monzón
El Senado de la República Dominicana aprobó en primera lectura, en julio de 2026, un proyecto de reforma a la ley orgánica de la Policía Nacional. Era un paso necesario, esperado, incluso urgente. Pero tres meses después, en octubre, la reforma sigue atascada en el proceso legislativo. Una comisión bicameral fue constituida el 16 de septiembre para estudiar las distintas propuestas —incluyendo la reintroducida por el senador Franklin Romero— con la posibilidad de unificarlas en un solo texto. El proyecto aún necesita segunda lectura en el Senado y el visto bueno de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, la Policía Nacional opera bajo una ley que ya no responde a las exigencias del siglo XXI.
El costo de la demora
No es un debate abstracto. Mientras el Congreso delibera, los números hablan con crudeza: más de 180 personas han muerto en operaciones policiales en lo que va del año. Datos analizados por Diario Libre revelan que entre el 1 y el 25 de septiembre, 45 de los 99 homicidios registrados en ese período fueron producto de intervenciones de las fuerzas de seguridad. Solo una fracción mínima de los fallecidos figuraba en las listas públicas de fugitivos. Organizaciones como Finjus y el Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) han exigido investigaciones independientes y límites claros al uso de la fuerza letal. La reforma legislativa pendiente es, precisamente, el instrumento que debería establecer esos límites.
El proyecto aprobado en primera lectura incorpora avances concretos: criterios estrictos de proporcionalidad en el uso de la fuerza, prohibición de requisas basadas en perfil racial o de género, y la obligatoriedad de las cámaras corporales (bodycams) en todas las intervenciones policiales. No activarlas o mantenerlas apagadas sería clasificado como falta grave. Los ciudadanos tendrían el derecho explícito de grabar actuaciones policiales. Son medidas que existen en democracias consolidadas y que en República Dominicana siguen siendo promesas legislativas.
La percepción que los datos no capturan
El Informe Latinobarómetro 2026 ofrece un retrato que debería incomodar a cualquier gobierno que se precie de gobernar bien: el 80% de los dominicanos considera que el crimen organizado tiene mucho o bastante poder en el país. El 52% cree que la nación está perdiendo la batalla contra el narcotráfico. La confianza en la Policía Nacional alcanza apenas el 24%, y la satisfacción con su desempeño se sitúa en un 21%, por debajo del promedio regional.
Estos números no son una crítica a los miles de agentes que cumplen su deber con honestidad y riesgo. Son una señal de que la institución necesita una transformación estructural que va más allá de los operativos y las estadísticas de incautaciones. La reforma policial no es un lujo político: es la condición mínima para que la Policía Nacional recupere la legitimidad que necesita para hacer su trabajo.
Lo que el Gobierno ha hecho y lo que falta
El Ministerio de Interior y Policía, bajo la conducción de Faride Raful, ha avanzado en la llamada "Reforma 2.0″: más de 12,000 agentes completaron un programa de formación de un año, el Instituto de Educación Superior Policial (IPES) fue modernizado, y se implementó el primer Plan Estratégico Sectorial de Seguridad Ciudadana 2026-2035. Son esfuerzos reales que merecen reconocimiento.
Pero la reforma institucional sin respaldo legal es frágil. Los bodycams pueden ser política de gobierno hoy y práctica opcional mañana si no están respaldados por ley. La prohibición de asignar agentes a seguridad privada —una de las distorsiones más graves del sistema actual— necesita fuerza de ley para ser exigible. La eliminación del rango de "raso" y su sustitución por el "agente patrullero" requiere un marco normativo que lo sostenga.
El Congreso tiene la palabra
La reforma policial no es un tema técnico que pueda resolverse por decreto. Requiere debate legislativo, consenso político y voluntad de aprobar una ley que, en algunos aspectos, limita el poder discrecional de quienes mandan. Eso siempre genera resistencias. Pero el costo de no actuar es visible: más de 180 muertes en operaciones policiales, una confianza institucional en mínimos históricos y una ciudadanía que, según el Latinobarómetro, respalda en un 69% las políticas de "mano dura" porque siente que el Estado no le ofrece alternativas creíbles.
La comisión bicameral tiene ante sí la oportunidad de unificar las propuestas y llevar al pleno un texto que modernice la Policía Nacional de manera definitiva. Cada semana que pasa sin segunda lectura es una semana en que la institución opera sin los controles que la propia reforma promete. El Congreso tiene la palabra. Y el país, la cuenta pendiente.
Por Daniel Segundo Monzón
