Haití: el peso que República Dominicana no puede negar

Por Daniel Segundo Monzon

Hay verdades incómodas que una nación puede posponer, pero no eludir indefinidamente. La crisis haitiana es una de ellas para República Dominicana. No es un problema que ocurre al otro lado de la frontera y que podemos observar con distancia clínica. Es una realidad que nos toca, nos define y nos obliga a tomar decisiones que tendrán consecuencias por generaciones.

Este miércoles, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU debate la renovación del mandato de la misión internacional en Haití —que opera al 30% de su capacidad— y las pandillas arrasan Kenscoff dejando decenas de muertos, la pregunta que República Dominicana no puede seguir evitando es: ¿cuál es nuestra responsabilidad en esta crisis y cuál es el límite de lo que podemos absorber?

La respuesta fácil es la que hemos escuchado durante años: deportaciones masivas, muros, retórica de soberanía. Y hay algo de verdad en esa postura. Ningún país puede asumir indefinidamente el colapso de su vecino. República Dominicana tiene sus propios desafíos de pobreza, desigualdad y acceso a servicios. No somos un país rico que puede permitirse una política de puertas abiertas sin consecuencias.

Pero la respuesta difícil —la que los políticos evitan porque no tiene rédito electoral— es que la crisis haitiana no se resuelve con deportaciones. Se resuelve con estabilidad en Haití. Y para que haya estabilidad en Haití, la comunidad internacional —incluyendo a República Dominicana— tiene que comprometerse de manera genuina, no simbólica.

Nuestro canciller Bisonó ha pedido ante la ONU que se completen las tropas y los fondos para la misión de seguridad. Es un paso correcto. Pero la diplomacia dominicana no puede limitarse a pedir en los foros internacionales lo que no está dispuesta a impulsar con acciones concretas en la frontera y en las mesas de negociación regional.

La migración haitiana hacia República Dominicana no es un fenómeno nuevo ni es exclusivamente un problema de seguridad. Es, en su raíz, un problema de desarrollo. Mientras Haití siga siendo el país más pobre del hemisferio occidental, con pandillas que controlan más territorio que el Estado, con un sistema político disfuncional y sin perspectivas económicas para su población, los haitianos seguirán cruzando la frontera. No porque quieran, sino porque no tienen otra opción.

República Dominicana tiene el derecho —y la obligación— de gestionar su frontera. Pero gestionar no significa ignorar la humanidad de quienes cruzan. Significa tener una política migratoria coherente, con criterios claros, aplicada con dignidad y sin la arbitrariedad que ha caracterizado muchas de las deportaciones recientes.

El peso de Haití no es una carga que República Dominicana eligió. Es una realidad geográfica, histórica y humana que compartimos. Negarla no la hace desaparecer. Enfrentarla con inteligencia, con principios y con visión de largo plazo es lo que distingue a una nación madura de una que solo reacciona ante las crisis.

El momento de esa madurez es ahora.

Daniel Segundo Monzon es columnista de El Zafacón.