Por Daniel Segundo Monzón
Esta semana la Policía Nacional reveló una cifra que, de tan contundente, resulta difícil de digerir: existen 53,877 órdenes de captura pendientes en la República Dominicana. Homicidas, estafadores, violadores, autores de violencia intrafamiliar. Todos con orden de arresto. Todos, en buena medida, libres.
Ante esa revelación, el presidente Luis Abinader reiteró su llamado para que los prófugos se entreguen voluntariamente. Es un gesto comprensible, incluso políticamente cálculo. Pero la realidad es que la justicia no puede depender de la buena voluntad del perseguido. Si los sistemas de persecución penal funcionaran como deben, no tendríamos 53,877 órdenes sin ejecutar.
El problema no es nuevo. El sistema de justicia dominicano arrastra décadas de disfuncionalidad selectiva: hay casos que se mueven a velocidad de rayo y otros que duermen eternamente. La diferencia, con frecuencia, no está en la gravedad del delito sino en quién es el acusado y cuántos recursos tiene a su disposición.
Esta impunidad estructural tiene costos enormes para la sociedad. El primero es el más obvio: quienes debería estar presos siguen en libertad, muchos cometiendo nuevos crímenes. El segundo es más profundo: cuando la gente ve que la ley no se aplica por igual, pierde la confianza en las instituciones, y esa erosión de confianza es el caldo de cultivo de la criminalidad y de cualquier forma de autoritarismo.
El presidente puede llamar a entregarse a cuantos prófugos quiera. Pero lo que el país necesita es un aparato de persecución penal eficiente, íntegro e imparcial que no requiera de voluntarismo para funcionar. La justicia que depende de la misericordia del fugitivo no es justicia: es un anuncio de impotencia institucional.
Mientras 53,877 órdenes de captura siguen sin ejecutarse, la corrupción no está en un despacho ni en un contrato: está en ese silencio que el sistema mantiene, cómodo y rentable para demasiados.
