SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) pidió al Congreso aprobar antes del 5 de noviembre el proyecto que aplaza por dos años la responsabilidad penal de las empresas prevista en el Código Penal.
El gremio se dirigió por carta a los presidentes de las dos cámaras. Al del Senado, Ricardo de los Santos, le solicitó impulsar la remisión del proyecto a la Cámara de Diputados. Al de esa cámara, Alfredo Pacheco, le pidió «impulsar la continuidad del trámite legislativo de la iniciativa tan pronto sea recibida».
El proyecto, del senador de La Altagracia Rafael Barón Duluc Rijo, modifica el artículo 31 del Código Penal. El Senado lo declaró de urgencia y lo aprobó el 21 de octubre, pero todavía debe pasar por Diputados y recibir la promulgación del Poder Ejecutivo.
Qué significa para las empresas
- La fecha: las disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas están previstas para entrar en vigor el jueves 5 de noviembre.
- Lo que pasa si no se aprueba a tiempo: sin una ley promulgada antes de esa fecha, el plazo vigente no cambia.
- Lo que deben preparar: según el Conep, las empresas necesitan implementar programas de cumplimiento, políticas de prevención, controles internos, canales de denuncia y procedimientos de evaluación.
Los argumentos del gremio
El Conep sostiene que el tiempo adicional también serviría para capacitar a los operadores del sistema de justicia y definir criterios uniformes para aplicar las normas. Pide criterios claros de imputación y estándares objetivos para valorar los programas de cumplimiento, según la naturaleza, el tamaño y el nivel de riesgo de cada entidad. El gremio ofreció colaborar técnicamente en la revisión de las disposiciones.
Contexto
El nuevo Código Penal ha generado varias acciones y reclamos en las últimas semanas. En su editorial, El Zafacón advirtió que la norma necesita pedagogía urgente y plazos que se cumplan, y una comisión presentó un plan para dar a conocer su contenido.
Quedan pendientes la votación en la Cámara de Diputados y la valoración del Poder Ejecutivo, los dos pasos que el proyecto necesita para surtir efecto.
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