El nuevo Código Penal necesita pedagogía urgente y plazos que se cumplan

El nuevo Código Penal, la Ley 74-25, rige desde el 3 de agosto de 2026. Casi tres meses después, el país apenas empieza a explicar a la ciudadanía qué dice, y el Congreso discute volver a aplazar una de sus piezas más novedosas. La posición de El Zafacón es clara: la difusión del código debe acelerarse, y el aplazamiento de la responsabilidad penal de las empresas solo es defendible si esos 24 meses se usan con metas verificables y no se convierten en una prórroga más.

Los hechos de esta semana muestran las dos caras del problema. El miércoles 21 de octubre, la Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal, creada por el decreto 507-26 y presidida por Milton Ray Guevara, presentó un plan en tres etapas hasta 2027. Incluye una campaña en medios y plataformas digitales, un observatorio que debería funcionar en un plazo de 90 días, un portal con el texto de la ley y un documento con las 100 preguntas más frecuentes en lenguaje sencillo, además de encuentros con sectores profesionales y comunitarios en varias provincias.

Ese mismo día, el Senado aprobó de urgencia y en dos discusiones modificar el artículo 31 de la Ley 44-26. Con el cambio, los artículos 8, 9, 10 y 11, que regulan la responsabilidad penal de las personas jurídicas, comenzarían a regir el 5 de noviembre de 2028, y no el 5 de noviembre de 2026, como estaba previsto. Al proyecto todavía le falta completar su trámite constitucional para convertirse en ley.

Una ley que ya se aplica

Un código penal no es un texto para especialistas. Define qué conductas se castigan y con qué penas, y lo aplican cada día fiscales, jueces, policías y abogados. Que la ciudadanía no lo conozca cuando ya está vigente es un riesgo para todos: para quien puede incumplirlo sin saberlo y para quien desconoce los derechos que la ley le reconoce. Por eso, el plan de la comisión es necesario, pero su calendario debe ajustarse a una norma que no espera.

El caso de las empresas es distinto, y conviene reconocer los argumentos de quienes respaldan el aplazamiento. El objetivo declarado es dar a las personas jurídicas tiempo para adecuarse a reglas nuevas. Para muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, crear programas de cumplimiento exige tiempo y recursos, y aplicar sanciones penales sin una preparación mínima podría generar inseguridad jurídica y castigos desproporcionados. Es una preocupación legítima.

Sin embargo, el plazo por sí solo no prepara a nadie. Sin una guía oficial sobre qué se espera de una empresa, sin acompañamiento a las más pequeñas y sin un seguimiento público del avance, los 24 meses corren el riesgo de llegar a 2028 con el mismo diagnóstico de hoy y con una nueva solicitud de prórroga.

Lo que proponemos

El Zafacón propone tres medidas concretas. Primero, que el documento de preguntas frecuentes y el portal oficial estén disponibles antes de que termine noviembre, con una versión accesible para personas con discapacidad. Segundo, que el proyecto que aplaza la responsabilidad de las empresas, si sigue adelante, fije hitos: una guía oficial de programas de cumplimiento en un plazo de seis meses, asistencia técnica para las mipymes e informes públicos semestrales sobre el avance de la adecuación. Tercero, que el observatorio publique, además de la percepción ciudadana, datos sobre la aplicación del código en fiscalías y tribunales.

Una buena ley necesita ciudadanos que la conozcan e instituciones que la cumplan a tiempo. El país tiene ahora la oportunidad de lograr ambas cosas.

Foto: Archivo El Zafacón.

Editorial de El Zafacón. Refleja la posición institucional del periódico.