Actualizado a las 7:45 p. m. del miércoles 4 de noviembre.
SANTO DOMINGO.- El Senado aprobó el miércoles 4 de noviembre, en única lectura, las modificaciones de la Cámara de Diputados que reducen de 24 a 18 meses la prórroga de la responsabilidad penal de las empresas. El régimen pasaría a mayo de 2028.
Con esa decisión termina el trámite en el Congreso y el texto será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. La pieza, del senador por La Altagracia Rafael Barón Duluc, debe convertirse en ley antes del jueves 5 de noviembre, la fecha en que entra en vigor el régimen actual.
Lo que aún no se sabe: a las 7:45 p. m. no se había anunciado la promulgación. Esta nota se actualizará cuando haya novedad.
Qué significa para las empresas
- La fecha clave: el régimen está previsto para el jueves 5 de noviembre. Sin una ley promulgada antes de ese día, el plazo vigente no cambia.
- El siguiente paso: la promulgación del Poder Ejecutivo, con apenas horas de margen.
- Qué está en juego: multas de 100 a 1,500 salarios mínimos del sector público por infracciones muy graves y de 50 a 500 por las graves, además de cierres, revocación de licencias, prohibición de contratar con el Estado y disolución. Todas requieren un proceso judicial.
- Por qué se castigaría: el artículo 8 del Código Penal alcanza infracciones ligadas a la falta de vigilancia o de supervisión, y a fallas graves en los controles técnicos internos.
Cómo se llegó a los 18 meses
La Cámara de Diputados aprobó el recorte el martes 3 de noviembre, tras declarar de urgencia la iniciativa y conocerla en dos lecturas consecutivas, durante una sesión celebrada en San Cristóbal por el 182 aniversario de la primera Constitución. Con ese cambio, las normas se aplicarían desde mayo de 2028, y no desde noviembre de ese año, como había dispuesto el Senado al aprobar el proyecto el 21 de octubre.
La iniciativa afecta a empresas, cooperativas, asociaciones sin fines de lucro y otras organizaciones. No elimina esa responsabilidad: solo retrasa su entrada en vigor, para dar tiempo a adaptar controles internos y a preparar a los operadores de justicia.
Las posiciones en la Cámara
El diputado Charlie Mariotti, del PLD, consideró la prórroga un acto de justicia con las entidades privadas y sostuvo que el empresariado no soporta más presiones económicas. Eugenio Cedeño, del PRM, opinó que el aplazamiento debió ser más largo para que las micro y pequeñas empresas se adapten.
José David Báez, de la Fuerza del Pueblo, recordó que su bloque presentó un informe disidente para demorar la vigencia total del Código, lo que, a su juicio, habría evitado arreglos legislativos posteriores.
Seis meses menos de lo que pedían los empresarios
El recorte deja el plazo por debajo de lo solicitado por el sector privado. El Conep pidió al Congreso aprobar los dos años antes del día 5, con el argumento de que las empresas necesitan programas de cumplimiento, políticas de prevención y canales de denuncia. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios sostiene que los costos pesan más sobre las mipymes.
Más información sobre esta norma en la sección de Código Penal.
Foto de archivo.
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