Durante los días 1 y 2 de octubre, Santo Domingo acogió la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas y la XX Reunión Anual de Red Gealc. Ese es el hecho. Autoridades de 20 países discutieron identidad digital, ciberseguridad, inteligencia artificial e infraestructura pública digital. También se documentó el lanzamiento del Marco Nacional de Credenciales Verificables y su integración en la carpeta ciudadana Soy Yo RD.
Mi valoración es que la República Dominicana tiene ante sí una oportunidad importante, pero también el riesgo de confundir anuncios tecnológicos con capacidad institucional. Una credencial verificable puede facilitar servicios y reducir trámites; no garantiza por sí sola que el ciudadano comprenda quién consulta sus datos, con qué autorización, durante cuánto tiempo y bajo qué mecanismo puede reclamar.
La propuesta del ministro Sigmund Freund de crear un Fondo Regional de Tecnología Soberana merece atención. Su planteamiento contempla tres etapas: construir bienes públicos digitales de código abierto, ayudar a los países a adoptarlos y sostener su mantenimiento, sus actualizaciones de seguridad y sus comunidades de desarrolladores. Freund aclaró que soberanía tecnológica no significa aislamiento, sino capacidad para decidir, auditar el código utilizado en infraestructuras críticas y evitar dependencias irreversibles de un solo proveedor.
Ese enfoque es razonable. Para un país como el nuestro, soberanía no debería significar fabricar cada componente desde cero. Debería significar que el Estado conoce sus sistemas, puede sustituir proveedores, conserva control sobre la información pública y no queda paralizado cuando termina un contrato. El código abierto puede ayudar, pero tampoco es una garantía automática: sin equipos capaces de revisarlo, mantenerlo y corregirlo, la apertura se vuelve meramente nominal.
Por eso, la capacitación debe ocupar el centro de la estrategia. No basta con formar especialistas en inteligencia artificial. Hace falta preparar servidores públicos, responsables de compras, abogados, auditores y personal que atiende directamente a la ciudadanía. Una institución puede adquirir una herramienta sofisticada y, aun así, utilizarla mal porque nadie sabe evaluar sus resultados, detectar sesgos o detener una decisión automatizada defectuosa.
También se anunció que el Ministerio de Administración Pública someterá un proyecto de Ley de Administración Digital para regular interoperabilidad, servicios digitales y gobernanza. Mi posición es que esa discusión debe incluir salvaguardas comprensibles: finalidad limitada en el uso de datos, controles de acceso, trazabilidad de consultas, auditorías y vías claras para corregir información. Esos elementos no aparecen detallados en los datos disponibles; precisamente por eso deben reclamarse durante el debate legislativo.
La inteligencia artificial puede mejorar el Estado dominicano, pero la eficiencia no debe desplazar los derechos. El éxito no se medirá por la cantidad de plataformas lanzadas, sino por la capacidad ciudadana de confiar en ellas sin renunciar al control de su identidad y sus datos.
Por Daniel Segundo Monzón
