Más de 50 ciudades en España se han visto desbordadas por protestas masivas tras el dramático desahucio de Maricarmen, una anciana de 89 años cuya situación ha encendido el debate nacional sobre la vivienda.
El caso de Maricarmen ha servido como catalizador para un descontento social latente. En Madrid y Barcelona, miles de ciudadanos han tomado las calles bajo el lema 'La vivienda no es un negocio'. La tensión ha tenido consecuencias políticas inmediatas: el Parlamento español rechazó dos decretos gubernamentales de vivienda propuestos por la administración de Pedro Sánchez, agravando la crisis institucional. Organizaciones civiles advierten que las movilizaciones continuarán hasta que se garanticen derechos básicos.





