WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el martes 29 de septiembre que el Gobierno reanude, por ahora, las deportaciones de migrantes a terceros países, es decir, a naciones distintas de su país de origen y con las que no tienen vínculos, mientras el alto tribunal estudia el fondo del caso.
Según la agencia AP, la orden, que no fue firmada, deja temporalmente sin efecto las exigencias de tribunales inferiores que obligaban a dar a los migrantes la oportunidad de oponerse antes de ser enviados a esos destinos. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson señalaron que habrían rechazado la petición del Gobierno.
El recorrido judicial
De acuerdo con SCOTUSblog, el caso se originó en un tribunal federal de distrito de Massachusetts, donde el juez Brian Murphy anuló en febrero de 2026 la política de expulsiones a terceros países y sostuvo que los afectados tienen derecho a un aviso efectivo y a una oportunidad real de impugnar su traslado. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito respaldó en lo esencial ese fallo el 18 de septiembre.
La Corte Suprema escuchará los argumentos de las partes el miércoles 9 de diciembre, con un calendario acelerado. Deberá decidir si la política es legal y si los tribunales inferiores tenían competencia para bloquearla de forma general.
Unas 25.000 personas deportadas
AP informó de que alrededor de 25.000 personas han sido deportadas a más de dos docenas de países en virtud de acuerdos que a menudo no se han hecho públicos, y que la gran mayoría fue enviada a México. Entre los destinos citados por la agencia figuran desde Liberia hasta Guyana. El Gobierno sostuvo que una orden judicial le obligó a cancelar un vuelo con unas 70 personas que se dirigía a tres países.
Trina Realmuto, de la organización National Immigration Litigation Alliance, que representa a los migrantes, advirtió de que la orden «no decide que la política del Gobierno sea legal». El fiscal general, Todd Blanche, defendió la medida como una herramienta «completamente legal» y «crucial» para aplicar las leyes de inmigración.
Hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el fondo, previsiblemente después de la audiencia de diciembre, el Gobierno podrá continuar con estos traslados.
Corrección: una versión anterior de esta nota situaba las deportaciones en «terceros países del Caribe» y mencionaba a Dominica y Santa Lucía como receptores; las fuentes consultadas no respaldan esos datos. Se han corregido el titular, la dirección web y el texto.
Ilustración generada con IA.
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