La regla fiscal puede flexibilizarse, pero con un acto formal y cuentas claras

El Gobierno ha decidido flexibilizar la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal para sostener los subsidios con los que contiene el precio de los combustibles y la tarifa eléctrica. El Zafacón entiende la urgencia: el alza internacional del petróleo no la provocó el país. Pero una regla fiscal solo protege a la ciudadanía si, cuando se suspende, se hace por la vía que ella misma prevé: con un acto formal, una causa pública, un plazo y un camino de regreso.

Los hechos son conocidos. El viernes 23 de octubre, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que la crisis obliga a flexibilizar la norma. «La Ley de Responsabilidad Fiscal funciona en años normales. Este no es un año normal», declaró, según recogió Diario Libre. Añadió que cumplirla al cien por ciento exigiría bajar el gasto público, algo que el Gobierno descarta en esta coyuntura.

El peso de la decisión se mide en cifras. El Estado destina unos RD$135,000 millones a subsidiar el sector eléctrico y contener los combustibles, un monto que podría crecer antes de que termine el año, de acuerdo con Diario Libre y la agencia Prensa Latina. Solo para mantener congelados las gasolinas, el gasoil y el gas licuado del 24 al 30 de octubre, el Gobierno destinará RD$1,600.9 millones, según informaron El Día y Noticias SIN.

La Ley 35-24, promulgada en 2024, limita el crecimiento anual del gasto primario a la inflación prevista más tres puntos porcentuales y fija como meta que la deuda pública no supere el 40 % del producto interno bruto en 2035. También admite su suspensión temporal ante circunstancias extraordinarias, bajo condiciones determinadas. Esa válvula existe precisamente para años como este. Lo que preocupa es que las declaraciones del viernes no precisaron qué disposición se invocará ni si habrá un acto formal que la active.

La diferencia no es de forma. Una regla que se aparta por declaración, y no por el procedimiento que establece, deja de orientar a los mercados, a los contribuyentes y a los propios gobiernos que vendrán. Además, la presión no se limita a 2026: el economista Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), estimó en el periódico Hoy que el gasto primario del Gobierno central crecería un 9.3 % con el presupuesto de 2027, por encima del tope legal del 7.5 %. Si ese cálculo se confirma, el desafío va más allá de una emergencia pasajera.

Quienes defienden la flexibilidad tienen argumentos atendibles. El ministro sostiene que el Estado no puede trasladar de golpe a los consumidores los precios internacionales, y tiene razón en que un salto brusco del gasoil encarecería los pasajes y los alimentos y golpearía primero a los hogares de menores ingresos. Recortar el gasto de forma abrupta en plena crisis también podría agravarla. Por eso este diario no pide aplicar la regla de manera mecánica ni desmontar los subsidios de un día para otro.

Lo que pide es que la excepción se administre con la misma seriedad que la regla. Proponemos tres pasos concretos. Primero, que el Poder Ejecutivo formalice la suspensión temporal por el mecanismo que prevé la Ley 35-24, con su causa y su duración, y la comunique al Congreso Nacional. Segundo, que Hacienda publique cada mes el costo acumulado de los subsidios y su efecto sobre la meta de déficit aprobada. Tercero, que junto con el presupuesto de 2027 presente un plan de retorno gradual a la regla, con metas anuales verificables, y que el diálogo nacional propuesto por el propio ministro sirva para acordarlo con empresarios, sindicatos y sectores productivos. Ese plan debería incluir la focalización de los subsidios que este diario ya reclamó.

La crisis justifica la flexibilidad; no justifica la opacidad. Una regla suspendida con transparencia sale de la emergencia fortalecida. Una regla esquivada en silencio difícilmente recupera su autoridad.

Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía. Foto: Archivo El Zafacón.

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