Por El Zafacón
El mes de septiembre de 2026 registrará al menos 27 muertes durante operativos policiales, según datos de Diario Libre, en su mayoría catalogadas como intercambios de disparos con agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM). La cifra casi duplica las 14 muertes contabilizadas en septiembre de 2025.
Los incidentes se han producido en varias provincias del país, incluyendo El Seibo, Villa Riva, Barahona y el Distrito Nacional. Las autoridades describen los hechos como operaciones de seguridad en respuesta a situaciones de peligro inminente, pero la escalada ha generado alarma entre organizaciones sociales y de derechos humanos.
Grupos como la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y Acadisando solicitaron formalmente investigaciones independientes, exigiendo que las acciones policiales se mantengan dentro del marco de los derechos humanos y el debido proceso.
El gobierno defiende su política de seguridad argumentando una reducción sostenida de la tasa de homicidios —de 13.2 por cada 100,000 habitantes en 2022 a 7.4 en 2026—, pero la brecha entre esas estadísticas y la percepción pública de inseguridad sigue siendo un punto de fricción política y social.
