El cargo a los usuarios solares necesita reglas claras antes de llegar a la factura

La decisión de Edesur Dominicana de cobrar desde el 1 de noviembre un cargo por uso de la red a parte de sus clientes con paneles solares puede tener respaldo en la normativa vigente, pero llega sin la información que los usuarios necesitan para entenderla. Un cobro nuevo en la factura eléctrica exige reglas claras, cifras públicas y una explicación oficial antes de aplicarse, no después.

Según informaron Listín Diario y pv magazine, la distribuidora comunicó a sus autoproductores que, en una primera etapa, el cargo alcanzará a los clientes con tarifas BTS-1 y BTS-2 inscritos en el Programa de Medición Neta antes de octubre de 2021. El monto resultará de multiplicar la energía que cada cliente inyecta a la red por el 25 % del cargo por energía de su tarifa. La empresa lo ampara en la resolución SIE-007-2026-REG de la Superintendencia de Electricidad (SIE), como detalló El Zafacón en su nota del 18 de octubre.

El martes 20 de octubre, la SIE aclaró una parte de la duda. Según recogió Hoy, el cargo técnico se aplica a los sistemas de menos de 10 kW con más de cinco años en medición neta, y «el reglamento no es retroactivo»: los contratos vigentes conservan sus condiciones hasta que venzan. Ese plazo de cinco años ayuda a entender por qué la primera etapa alcanza a quienes se inscribieron antes de octubre de 2021. Pero sigue faltando lo esencial para cada familia: un ejemplo de cálculo emitido por la distribuidora, el número de clientes alcanzados y la confirmación, caso por caso, de que sus contratos ya vencieron.

Hay que reconocer los argumentos de quienes defienden el cargo. La red de distribución tiene costos de operación y mantenimiento, y quien inyecta y retira energía la utiliza a diario. Si esos costos no se reparten, terminan recayendo sobre los clientes que no tienen paneles, incluidos hogares que no pueden costear esa inversión. Además, el reglamento de la SIE trajo ventajas para los autoproductores: el pago del 100 % de la energía excedente, frente al 75 % anterior; un plazo máximo de 45 días para aprobar solicitudes, con aprobación automática si la distribuidora no responde, y la eliminación del tope del 15 % de penetración renovable por circuito, sujeta a estudios técnicos.

Nada de eso, sin embargo, sustituye la transparencia. Familias y pequeños negocios invirtieron en paneles solares con base en reglas que conocían y en ahorros que calcularon. Cambiar esas cuentas sin una estimación individual erosiona la confianza en un programa que el país necesita para su transición energética.

El debate no debería plantearse como un pulso entre distribuidoras y usuarios. Un sistema eléctrico sostenible necesita tanto redes bien mantenidas como ciudadanos dispuestos a invertir en energía limpia, y ninguna de las dos cosas se logra con sorpresas en la factura.

Por eso, El Zafacón propone tres medidas concretas antes del 1 de noviembre. Primero, que la SIE publique una nota técnica que precise cómo se cuentan los cinco años y qué ocurre con los contratos de interconexión que aún no han vencido. Segundo, que Edesur envíe a cada cliente afectado una estimación del cargo basada en su inyección de los últimos 12 meses. Tercero, que las facturas detallen la energía producida, inyectada y retirada, y que la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) habilite un canal específico para reclamaciones. Con esa información, cada usuario podrá evaluar el cobro con datos y no con conjeturas.

Foto: Archivo El Zafacón.

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