El 29 de septiembre de 2026, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití por seis meses más, hasta el 31 de marzo de 2027. Días después, el 6 de octubre, la GSF ejecutó operaciones en Tabarre y Cité Soleil: dos pandilleros muertos, dos detenidos, tres armas incautadas. Los titulares celebraron el operativo. Nadie preguntó lo más importante: ¿qué cambia realmente?
La respuesta incómoda es: casi nada, por ahora.
El problema que los números no ocultan
Mientras la GSF patrulla callejones en Puerto Príncipe, las pandillas coaligadas bajo "Viv Ansanm" controlan aproximadamente el 90% de la capital haitiana. Más de 5,700 personas fueron asesinadas o heridas entre enero y septiembre de 2026. Hay 1.4 millones de desplazados internos. Más de 5.7 millones de haitianos enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Y el huracán Melissa, que tocó tierra en octubre de 2025, dejó 43 muertos en Haití —incluyendo 10 menores— y destruyó el 90% de los cultivos en Petit-Goâve, una herida que el país aún no ha cerrado.
Frente a ese cuadro, dos pandilleros abatidos en Cité Soleil son una gota en el océano. No es una crítica a los soldados que arriesgan su vida en esas operaciones. Es una crítica al diseño de la respuesta internacional: mandatos que se renuevan cada seis meses, financiamiento insuficiente, y una estrategia que confunde táctica con solución.
Lo que esto le cuesta a República Dominicana
República Dominicana no puede darse el lujo de observar esta crisis como espectador. Entre enero y julio de 2026, el país deportó más de 250,000 haitianos —un promedio de 1,000 por día—, un incremento del 16.2% respecto al mismo período de 2025. El muro fronterizo de 160 kilómetros avanza. Los 11,000 militares en la frontera permanecen. La Resolución DGM-001-2026 endurece los permisos de trabajo.
Cada una de esas medidas tiene una lógica defensiva comprensible. Pero ninguna resuelve el problema de fondo: mientras Haití no tenga Estado funcional, mientras las pandillas controlen el territorio, mientras la comunidad internacional siga enviando mandatos de seis meses en lugar de compromisos de largo plazo, la presión migratoria sobre RD no cederá. Deportar 1,000 personas por día no detiene el flujo cuando del otro lado hay hambre, violencia y colapso institucional.
El costo económico que nadie quiere calcular
Las deportaciones masivas también tienen un costo interno que el gobierno dominicano prefiere no publicitar. Los sectores agrícola y de construcción —dos pilares de la economía nacional— reportan escasez de mano de obra. Los productores de banano señalan que los trabajadores haitianos tienen formación especializada en empaque y control de calidad para exportación que no se reemplaza fácilmente. Los empresarios de la construcción hablan de ausentismo crónico por los operativos migratorios. La "dominicanización" del empleo es una política legítima a largo plazo, pero requiere inversión en formación y mecanización que el Estado aún no ha comprometido.
El resultado es una paradoja: RD deporta trabajadores que su propia economía necesita, mientras el origen del problema —la crisis haitiana— permanece sin solución estructural.
Lo que la GSF no puede hacer sola
La Fuerza de Supresión de Pandillas no es inútil. Sus operaciones en Tabarre y Cité Soleil demuestran capacidad táctica. Pero una fuerza de seguridad no puede sustituir a un Estado. No puede crear empleos, reconstruir hospitales, organizar elecciones, ni garantizar que los 1.4 millones de desplazados tengan adónde volver. Eso requiere gobernanza, y Haití no la tiene.
La comunidad internacional lleva años renovando mandatos en lugar de construir instituciones. La MSS fue insuficiente; la GSF hereda el mismo problema con otro nombre. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad debate en Nueva York y los haitianos mueren en Cité Soleil.
La posición que RD debería tomar
República Dominicana tiene razones legítimas para proteger su frontera. Pero también tiene un interés estratégico en que Haití se estabilice, porque la inestabilidad haitiana es el motor principal de la presión migratoria que tanto le preocupa. Eso significa que RD debería ser más activa en los foros internacionales exigiendo compromisos de largo plazo para Haití —no mandatos de seis meses—, financiamiento real para la reconstrucción institucional, y un plan de reintegración digno para los deportados que llegan a un país que no puede recibirlos.
Administrar la frontera es necesario. Pero administrar la frontera sin trabajar por la estabilización del vecino es como tapar una gotera sin reparar el techo.
La GSF renovó su mandato. Haití sigue ardiendo. Y República Dominicana sigue pagando el costo de una crisis que no creó, pero que tampoco puede ignorar.
Por Daniel Segundo Monzón
