Representantes del sector arrocero de la República Dominicana han lanzado una voz de alerta ante la reciente derogación de decretos que protegían la producción nacional, permitiendo la importación de arroz libre de aranceles. Según los productores, esta medida pone en peligro directo unos 300,000 empleos que dependen de la cadena de valor del grano en el país.
Las asociaciones agrícolas denuncian que la apertura comercial indiscriminada podría llevar a la quiebra a más de 30,000 agricultores, especialmente en las zonas del Cibao y el Bajo Yuna. Argumentan que los costos de producción locales no pueden competir con el arroz subsidiado proveniente de grandes potencias, lo que desincentiva la siembra futura.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la medida busca garantizar precios estables para el consumidor final, pero el sector productivo insiste en que la soberanía alimentaria de la nación está en juego. Se esperan jornadas de diálogo y posibles movilizaciones en los próximos días si no se revisan los términos del decreto.
