La ONU prometió 5,500 soldados para Haití. Mandó 1,500. Y RD paga la diferencia

Por Daniel Segundo Monzón

El 1 de octubre de 2026, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorrogó por seis meses más el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití. La decisión fue presentada como un gesto de compromiso internacional con la estabilidad del país caribeño. Pero detrás del comunicado oficial hay un número que lo desmiente todo: la GSF opera con apenas 1,500 efectivos de los 5,500 que prometió desplegar. Menos de un tercio. Y mientras la comunidad internacional debate, negocia y prorroga, República Dominicana carga sola con las consecuencias de ese fracaso.

El déficit que nadie quiere nombrar

Cuando el Consejo de Seguridad autorizó la GSF en octubre de 2023, la promesa era clara: una fuerza multinacional robusta, liderada por Kenia, que rompería el control de las pandillas sobre Puerto Príncipe y permitiría restablecer condiciones mínimas de gobernabilidad. Tres años después, la realidad es otra. Las pandillas controlan entre el 80% y el 90% de la capital haitiana. Más de 5,700 personas murieron o resultaron heridas solo entre enero y septiembre de 2026. Más de 1.5 millones de haitianos están desplazados internamente. Y la GSF, con sus 1,500 soldados, no puede ni asegurar los corredores humanitarios básicos.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, lo dijo sin rodeos: el despliegue es insuficiente. Pero la insuficiencia no es un accidente. Es el resultado de compromisos que los países firmaron y no honraron, de presupuestos que se aprobaron en papel y no se ejecutaron, de una voluntad política que se evaporó en cuanto las cámaras dejaron de apuntar hacia Puerto Príncipe.

Lo que el fracaso internacional le cuesta a RD

República Dominicana no tiene el lujo de mirar ese fracaso desde lejos. Comparte 392 kilómetros de frontera con Haití. Cada pandilla que consolida su control en Puerto Príncipe, cada barrio que cae bajo el dominio del crimen organizado, cada familia que huye de la violencia, termina presionando esa frontera. Los números son elocuentes: en los primeros siete meses de 2026, la Dirección General de Migración deportó a más de 250,000 ciudadanos haitianos, a un ritmo de casi 1,000 expulsiones diarias. El país ha desplegado 11,000 efectivos militares en la zona fronteriza y avanza en la construcción de un muro de 160 kilómetros con tecnología de vigilancia.

Todo eso tiene un costo. Un costo que la comunidad internacional no paga. Un costo que RD asume mientras los países que prometieron soldados para la GSF siguen debatiendo en salas climatizadas en Nueva York.

La paradoja del vecino responsable

El gobierno dominicano ha sido criticado por sus políticas migratorias. Amnistía Internacional habla de discriminación racial. Organismos de derechos humanos señalan la vulnerabilidad de los deportados. Son críticas que merecen debate serio. Pero ese debate no puede ignorar el contexto: República Dominicana es el único país del mundo que comparte una isla con Haití. No puede cerrar su embajada y marcharse. No puede prorrogar su mandato por seis meses y ver qué pasa. Está ahí, todos los días, gestionando una crisis que el mundo creó y que el mundo no está resolviendo.

La pregunta que nadie en la ONU quiere responder es simple: ¿qué se supone que debe hacer un país pequeño, con recursos limitados, cuando su vecino colapsa y la comunidad internacional manda un tercio de los soldados que prometió? La respuesta honesta es que no hay protocolo para eso. Solo hay presión sobre el vecino que está ahí, que no puede irse, y que termina siendo el receptor de todas las consecuencias y de todas las críticas.

Lo que la prórroga debería exigir

La extensión del mandato de la GSF hasta marzo de 2027 no es en sí misma una mala noticia. Lo malo es que llegue sin compromisos concretos de despliegue. Si el Consejo de Seguridad va a prorrogar la misión, debería exigir que los países contribuyentes cumplan sus compromisos de efectivos. Debería establecer métricas claras de progreso. Debería reconocer que el costo de su inacción lo están pagando, en primer lugar, los haitianos que viven bajo el terror de las pandillas, y en segundo lugar, los países vecinos que absorben el éxodo.

República Dominicana tiene todo el derecho de llevar ese argumento a los foros internacionales. No como excusa para eludir sus propias responsabilidades en materia de derechos humanos, sino como recordatorio de que la solidaridad internacional no puede ser unidireccional: no puede exigirle a RD que abra sus fronteras mientras el mundo cierra su billetera y reduce sus compromisos militares.

El reloj corre

Haití tiene elecciones presidenciales programadas para diciembre de 2026. Es el primer ejercicio democrático en una década. Para que esas elecciones sean posibles, las pandillas tendrían que retroceder. Para que las pandillas retrocedan, la GSF tendría que operar con los 5,500 efectivos prometidos. Para que eso ocurra, los países que firmaron compromisos tendrían que honrarlos. Cada eslabón de esa cadena está roto.

Mientras tanto, en la frontera dominicana, los operativos continúan. Los números de deportaciones siguen subiendo. Y la comunidad internacional sigue prorrogando mandatos con un tercio de los recursos comprometidos, esperando que el vecino que no puede irse siga cargando con el peso que el mundo no quiso levantar.

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Daniel Segundo Monzón es columnista de opinión de El Zafacón. Sus análisis abordan política exterior, migración y el impacto de la geopolítica regional en República Dominicana.