SANTO DOMINGO.- El Gobierno aprobó el decreto 787-26, que establece el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos y prohíbe usos como la clasificación social de ciudadanos, informó la Ogtic el 4 de noviembre.
El texto se elaboró bajo la conducción de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), con apoyo técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto. El Gobierno afirma que sigue estándares de la Unesco y de la OCDE. También se crea un Consejo Nacional de Ética de la IA, de carácter consultivo y de coordinación. Las instituciones públicas tienen 180 días calendario desde la publicación para adecuarse.
Qué significa para ti
Si una institución del Estado usa inteligencia artificial en una decisión que te afecta, tendrás derecho a saberlo, a pedir explicaciones y a solicitar que un funcionario la revise. Las denuncias las recibirá la Digeig, que supervisa el cumplimiento, y la Ogtic dará el apoyo técnico. El código está dirigido a los servicios públicos, y las instituciones aún disponen del plazo de 180 días para ponerlo en marcha.
Lo que queda prohibido
- La puntuación o clasificación social generalizada de los ciudadanos.
- La identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial.
- Los perfiles criminales predictivos, incluidos los basados solo en el lugar de residencia, la condición económica o el origen étnico.
- Las sentencias penales automatizadas y las decisiones autónomas sobre privación de libertad.
- Las armas autónomas.
Controles antes de usar un sistema
Los sistemas de alto impacto deberán pasar una Evaluación de Impacto Ético y de Derechos, que el órgano supervisor debe aprobar antes de que entren en funcionamiento. El código también pide transparencia algorítmica y una protección reforzada para niños, niñas y adolescentes.
En las compras públicas, los proveedores tendrán que garantizar trazabilidad, ciberseguridad y control soberano de los datos. Quedan fuera los sistemas de «caja negra», aquellos que no se pueden auditar.
El Estado ya usa estas herramientas
El decreto llega cuando la inteligencia artificial ya entra en servicios públicos: el Ministerio de Educación, por ejemplo, prueba la IA en la enseñanza de Matemática. Más información sobre el tema en inteligencia artificial.
La información oficial no detalla cuántos sistemas de este tipo usan hoy las instituciones públicas, qué sanciones habrá para las que incumplan ni quiénes integrarán el Consejo Nacional de Ética de la IA.
Foto de archivo: Raquel Peña y Luis Abinader en una rueda de prensa. No corresponde a la aprobación del decreto. Archivo El Zafacón.
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