El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho imputados en el caso SeNaSa 2.0, un expediente por presunto fraude superior a los RD$40 millones contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) en el que figuran varios médicos y exempleados de la aseguradora estatal.
La decisión, dictada la madrugada del domingo 27 de septiembre de 2026, se produjo tras una extensa audiencia de medidas de coerción contra 26 imputados principales, en un proceso que el tribunal declaró complejo por la cantidad de acusados y el volumen de la investigación.
Quiénes van a prisión preventiva
Los ocho imputados enviados a prisión preventiva por 18 meses son Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet, Wander Manuel Díaz Encarnación, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista.
Los hombres fueron trasladados al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, mientras que las mujeres quedaron recluidas en el CCR Najayo Mujeres. Otro grupo de imputados recibió arresto domiciliario, y el resto obtuvo medidas menos gravosas que incluyen garantías económicas, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país.
En qué consistió el fraude
La investigación, conocida como Operación Cobra 2.0-A, sostiene que la red operaba mediante la falsificación de expedientes médicos, la suplantación de identidades de afiliados y la facturación de consultas y procedimientos de salud que nunca fueron realizados.
Según el Ministerio Público, entre enero de 2021 y febrero de 2025 se identificaron miles de autorizaciones irregulares que representan un perjuicio económico al Estado superior a los RD$40 millones. El esquema se sustentaba, en gran medida, en que algunos médicos facilitaban sus códigos de acceso para respaldar las reclamaciones fraudulentas.
Trece imputados admitieron los hechos
Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, calificó la decisión del tribunal como razonable y destacó la colaboración de 13 imputados que admitieron los hechos, lo que permitió modificar la solicitud de coerción para varios de ellos.
Camacho exhortó de manera enfática a los médicos a no prestar sus códigos de acceso a terceros, y advirtió que esa práctica los hace responsables penalmente, pues constituye el pilar que permitió el funcionamiento del esquema.
Origen y alcance del caso
El expediente se inició a partir de una querella presentada por el propio SeNaSa el 28 de noviembre de 2024, luego de que la institución detectara autorizaciones y consultas registradas a nombre de afiliados que negaron haber recibido esos servicios.
La fase que derivó en estas medidas de coerción se activó con 37 allanamientos simultáneos ejecutados el 18 de septiembre de 2026, operativo en el que fueron arrestadas 28 personas, entre ellas médicos y exempleados de la aseguradora. El Ministerio Público adelantó que la investigación permanece abierta y no descarta nuevas actuaciones contra otros implicados.
Por Daniel Segundo Monzón
