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Ley 87-26 prioriza trámites digitales en la justicia y rastreará a alguaciles
Por Daniel Segundo Monzón8 de noviembre, 20266:02 pm
SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 87-26, que da prioridad a la vía digital en los trámites judiciales, amplía las audiencias virtuales y crea un sistema para georreferenciar las diligencias de los alguaciles, sin eliminar la atención presencial.
La norma modifica los artículos 4, 5, 12 y 14 de la Ley 339-22 sobre el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, aprobada en 2022, e incorpora un artículo 12.1. Añade definiciones sobre autenticación, expediente electrónico, buzón judicial digital, actos jurisdiccionales electrónicos y protección contra la falsificación digital.
Qué significa para ti
Trámites: se harán prioritariamente por medios digitales, pero podrán seguir realizándose de manera presencial en cualquier sede.
Si no tienes internet o equipos: la ley garantiza la atención presencial a quien declare no contar con medios técnicos, conectividad o capacitación tecnológica. El entorno virtual no puede convertirse en una barrera.
Audiencias virtuales: quedan autorizadas en todas las materias, salvo la penal, donde solo proceden en los casos que la propia ley prevé.
Modalidades: las audiencias podrán ser presenciales, semipresenciales o virtuales, con mecanismos de contingencia para caso fortuito, fuerza mayor o estados de excepción.
Control sobre los alguaciles
El nuevo artículo 12.1 crea un sistema digital de georreferenciación ministerial, administrado por el Poder Judicial, que registrará en tiempo real la fecha, la hora oficial y las coordenadas de cada diligencia procesal. Los actos de alguacil son la vía por la que una persona se entera de una demanda, un embargo o un desalojo, de modo que el registro permitirá comprobar dónde y cuándo se realizó cada notificación.
Firmas con validez plena
La ley autoriza a jueces, servidores, auxiliares, oficiales de justicia y órganos administrativos a usar firma electrónica o digital cualificada en sentencias, resoluciones, autos y actos institucionales, con plena validez jurídica y sin necesidad de certificaciones adicionales.
La ley entra en vigor tras su promulgación y publicación oficial, una vez cumplidos los plazos de la Constitución y del Código Civil. El texto divulgado no precisa la fecha de publicación en la Gaceta Oficial ni un calendario para poner en marcha el sistema de georreferenciación.
Fachada de una sede del Poder Judicial. Foto de archivo.
