Bukele en Haití: qué arriesga El Salvador con su guerra contra las bandas

SANTO DOMINGO.- Tres semanas después de que cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecieran en una emboscada en Haití, El Salvador mantiene más de 2,000 militares en ese país, la mayoría fuera de la fuerza respaldada por la ONU y sin que se conozcan sus reglas, su mando ni su duración.

El presidente Nayib Bukele ha presentado el despliegue como una misión de rescate y, a la vez, como una ofensiva para acabar con las bandas que controlan buena parte de Puerto Príncipe. «Ya acabamos con las pandillas en El Salvador y también podemos acabar con ustedes», advirtió a los jefes criminales haitianos en sus redes sociales. En otro mensaje, escrito también en criollo, aseguró: «Esta no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión del país de Haití».

Lo que sigue es un repaso de lo que se sabe, lo que todavía no se sabe y lo que esta operación inusual significa para la República Dominicana, que comparte casi 400 kilómetros de frontera con Haití.

Cómo empezó: la emboscada del 18 de octubre

El 18 de octubre, un vehículo en el que viajaban cuatro aerotécnicos salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) fue atacado en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, al noreste de la capital. Hasta ese momento, El Salvador aportaba a esa fuerza multinacional poco más de un centenar de efectivos de aviación, dedicados sobre todo a evacuaciones médicas.

El primer contingente de refuerzo llegó a Puerto Príncipe el 22 de octubre. El 28, la Cancillería salvadoreña anunció que el despliegue superaría los 2,000 soldados, con helicópteros y blindados, y fuentes de seguridad situaron el tope en unos 2,500. El 24 de octubre se hallaron restos humanos en la zona, pero Bukele negó que fueran de sus militares, como informó El Zafacón. La Policía haitiana encontró después el vehículo calcinado, sin rastro de los cuatro hombres. Al cierre de esta nota no hay confirmación oficial sobre su paradero.

El 2 de noviembre, las tropas lanzaron su primera gran ofensiva terrestre en la llanura de Cul-de-Sac contra las bandas 400 Mawozo y Chen Mechan, señaladas en la zona del ataque. No hay un balance oficial de muertos ni de detenidos.

¿Se puede aplicar en Haití el «modelo Bukele»?

Lo que hoy ocurre en Haití no es lo que se hizo en El Salvador. Allí, el régimen de excepción vigente desde 2022 se basó en detenciones masivas y en una megacárcel construida para ese fin, con fuertes críticas de organismos de derechos humanos. En Haití, en cambio, se trata de un operativo militar en un país extranjero.

Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), sostiene que conviene no confundir ambos debates y subraya lo inusual del caso: es muy raro que un país latinoamericano envíe tropas de combate a otro del hemisferio fuera de una misión de paz de la ONU.

Las diferencias entre las pandillas de ambos países también son grandes. La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 nacieron en Los Ángeles y llegaron a El Salvador con las deportaciones de los años noventa. Los grupos haitianos más poderosos, unos 20, se parecen más a milicias armadas: según la ONU, controlan cerca del 90 % de Puerto Príncipe, cobran «impuestos», dominan carreteras y puertos, y muchos crecieron al amparo de actores políticos y económicos. Le Cour Grandmaison estima que suman entre 15,000 y 20,000 miembros y que en cinco años pasaron de escopetas y rifles de caza a fusiles de asalto de 5.56 y 7.62 milímetros.

Desde febrero de 2024 buena parte de esas bandas forma parte de la coalición Viv Ansanm («Vivir juntos», en criollo), un pacto de no agresión que, según el analista, se ha fragmentado en los últimos meses. La incógnita es si la presión salvadoreña volverá a unirlas contra un enemigo común o si cada una jugará por su cuenta. Una señal en esa dirección: Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, jefe de 400 Mawozo, escribió al secretario general de la ONU para pedir mediación y culpó a Chen Mechan del ataque. El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, confirmó que la carta llegó, pero aclaró que no implica reconocimiento y que la organización no iniciará una mediación. La banda también contactó a la comisión de desarme haitiana.

¿Bajo qué mando actúan?

Es la gran pregunta pendiente. El 2 de noviembre, Dujarric afirmó que la gran mayoría de los militares salvadoreños recién llegados «no están desplegados bajo la Fuerza de Supresión de Pandillas», por lo que quedan fuera de su mandato. La ONU había cifrado en unos 200 los que sí forman parte de la GSF, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habló el 8 de noviembre de alrededor de un centenar.

Rubio, en declaraciones en la base aérea de Homestead (Florida), dijo que Washington apoya logísticamente a la GSF, pero que «no está necesariamente» involucrado de forma activa en la operación salvadoreña. También advirtió del riesgo de que, si falla la coordinación, las distintas fuerzas terminen disparándose entre sí.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ha defendido el despliegue y sostiene que todas las fuerzas extranjeras actúan bajo dirección haitiana. Pero el acuerdo bilateral que lo ampara no se ha hecho público. Amnistía Internacional pidió este 10 de noviembre a ambos gobiernos divulgar ese texto y explicar qué reglas rigen el uso de la fuerza, ante quién rinden cuentas los soldados y cómo la población puede denunciar abusos. «La respuesta a la violencia de las bandas no puede reproducir los abusos y la impunidad», afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de la organización.

Hoy operan en Haití al menos cinco estructuras armadas: la Policía Nacional, unas Fuerzas Armadas todavía incipientes, la GSF, un grupo de tarea con contratistas de la empresa privada Vectus Global, del fundador de Blackwater, Erik Prince, y ahora el contingente salvadoreño. A ellas se suman grupos de autodefensa barriales. Le Cour Grandmaison describe el conjunto como «una orquesta sin director».

El historial de la mano dura con tecnología no es alentador. Human Rights Watch documentó que los ataques con drones de las fuerzas haitianas y de contratistas privados mataron al menos a 1,243 personas entre marzo de 2025 y enero de 2026, entre ellas 60 civiles ajenos a las bandas, 17 de ellos niños. En ese periodo, ningún jefe criminal de primer nivel fue capturado.

El costo para los civiles

Médicos Sin Fronteras informó que entre el 18 y el 26 de octubre atendió a 30 heridos de bala o por explosiones de drones, entre ellos mujeres y niños, en sus hospitales de Tabarre y Cité Soleil, y que tuvo que suspender clínicas móviles y el suministro de agua tratada en varios barrios. Davina Hayles, jefa de misión de la organización en Haití, lo describió como un «doble castigo» para la población.

Al mismo tiempo, el 6 de noviembre miles de personas marcharon en Puerto Príncipe, Jérémie y Belladère para respaldar la intervención y pedir una ofensiva total contra las bandas. Para el analista de GI-TOC, ese apoyo convive con mucho escepticismo: los haitianos han escuchado promesas parecidas muchas veces y saben el precio que suelen pagar los civiles en estos operativos. También advierte de que, cuando un barrio se reabre de golpe, aumentan los riesgos de linchamientos y venganzas, y que la comisión nacional de desarme existe, pero sin un mecanismo para quienes quieran dejar las bandas, empezando por los niños reclutados.

Qué arriesga Bukele y qué puede ganar

Bukele afirmó el 29 de octubre que su Gobierno cubre el 90 % del costo de la operación. No se ha informado cuánto cuesta ni cuánto durará. La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el 29 de septiembre una ley que autoriza la participación militar en la GSF hasta octubre de 2027, prorrogable, y que permite al presidente impedir que su personal sea «entregado o transferido a ningún tribunal internacional, entidad o Estado para ser juzgado».

El principal riesgo militar, según Le Cour Grandmaison, es el desconocimiento del terreno: las tropas no hablan criollo, no conocen las alianzas locales y les será difícil distinguir a los pandilleros de los civiles atrapados en los barrios, donde las bandas han levantado trincheras, muros y barricadas. El analista advierte de que la operación puede volverse «tremendamente sangrienta» y costosa, y convertirse en un problema político interno si hay bajas.

La apuesta también tiene un lado político. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el 31 de octubre que Bukele lo llamó antes de reforzar el contingente y que le respondió: «Tú diriges tu país. Tienes que hacer lo que tengas que hacer». Si las tropas logran capturar o neutralizar a uno o varios jefes de primer nivel, Bukele ganaría peso como actor de seguridad en todo el hemisferio. El analista recuerda, sin embargo, la lección de la misión de la ONU desplegada en 2004: sus victorias territoriales fueron reales, pero sin justicia ni acción contra las redes que sostienen a las bandas, la crisis volvió con más fuerza.

Lo que significa para la República Dominicana

La zona de la emboscada importa directamente al país. 400 Mawozo, la banda de Lanmò San Jou, se expandió desde Croix-des-Bouquets hasta controlar zonas como Ganthier y Fond-Parisien, sobre la carretera que lleva al paso fronterizo de Malpasse, frente a Jimaní. Informes del Grupo de Expertos de la ONU han señalado que buena parte de las armas que llegan a Haití entran desde Estados Unidos y a través de territorio dominicano, y el analista de GI-TOC describe a esa banda como intermediaria en ese tráfico, con cómplices a ambos lados de la frontera.

El Gobierno dominicano ha optado por la cautela. El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, aseguró el 4 de noviembre que «la frontera está totalmente tranquila» y que las bandas más cercanas siguen en Mirebalais y Croix-des-Bouquets. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que el país debe ser «muy prudente» en su forma de interactuar en este conflicto, aunque confirmó que da a El Salvador apoyo logístico, de información, inteligencia y material militar, además de atención médica. Siete helicópteros salvadoreños repostaron en la fortaleza de Jimaní camino a Haití.

El presidente Luis Abinader cifra en cerca de 11,000 los militares desplegados en la frontera, y el 9 de noviembre el Ejército reforzó las patrullas en Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Según las autoridades, el comercio binacional y el tránsito autorizado continúan con normalidad.

Lo que aún no se sabe

• Qué ocurrió con los cuatro técnicos salvadoreños.
• Qué dice el acuerdo entre Haití y El Salvador, quién manda a las tropas y cuáles son sus reglas de enfrentamiento.
• Cuánto durará el despliegue y cuánto costará.
• Cuántas personas han muerto o han sido desplazadas desde el 18 de octubre.
• Cómo se mantendrán los territorios recuperados y qué salida tendrán quienes quieran abandonar las bandas.

Fils-Aimé tiene previsto viajar a San Salvador el 16 y 17 de noviembre, donde ambos gobiernos discutirán el futuro de la fuerza, que no tiene fecha de repliegue. Mientras tanto, Haití aplazó al 18 de julio de 2027 la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. Más información sobre la crisis en nuestra sección sobre Haití.