Por Daniel Segundo Monzon / Columnista de El Zafacón
Hay una masacre que ocurre todos los días en República Dominicana. No aparece en los titulares de seguridad. No genera operativos especiales. No convoca ruedas de prensa del Ministerio del Interior. No produce declaraciones de indignación en el Congreso. Ocurre en silencio, en las carreteras, en los callejones, en las avenidas. Y sus víctimas, en su mayoría, van en motocicleta.
En los primeros ocho meses de 2026, 835 personas murieron en accidentes de tránsito en el país, según datos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). El 76.8% de esos muertos iba en motocicleta. Haga el cálculo: más de 640 personas. Más de dos por día. Más que los muertos en operativos policiales. Más que los femicidios. Más que muchos de los crímenes que sí generan alarma pública.
El problema que todos conocen y nadie resuelve
No es un secreto. Las estadísticas de siniestralidad vial en República Dominicana son conocidas desde hace años. El INTRANT las publica. Los medios las reportan. Los políticos las citan en campaña. Y luego, nada.
La motocicleta es el vehículo del pueblo dominicano. Es el transporte de los que no pueden pagar un carro. Es el medio de vida de los motoconchistas, los mensajeros, los repartidores. Es la herramienta de trabajo de cientos de miles de familias. Y es, también, la trampa mortal más democrática del país.
En abril de 2026 entró en vigor la Resolución 001-2025 del INTRANT, que prohíbe los cascos no certificados. Una medida necesaria, tardía, y cuyo cumplimiento en las calles sigue siendo parcial. Basta con dar una vuelta por cualquier ciudad del interior para ver motociclistas sin casco, con cascos de plástico sin certificación, o con el casco colgado del brazo.
La arquitectura del problema
El problema de la siniestralidad vial en República Dominicana no es un problema de falta de leyes. Es un problema de arquitectura institucional rota.
Primero: la formación. En el país se puede obtener una licencia de motocicleta con una preparación mínima. No existe un sistema robusto de educación vial que forme conductores responsables desde la adolescencia.
Segundo: la fiscalización. La Policía de Tránsito tiene recursos limitados y opera en un contexto donde la corrupción en los puestos de control es un secreto a voces. Las multas se negocian. Las infracciones se ignoran.
Tercero: la infraestructura. Las carreteras dominicanas tienen tramos sin señalización, sin iluminación nocturna, sin carriles diferenciados para motocicletas. El diseño vial no contempla la realidad de un país donde las motos son el principal medio de transporte.
Cuarto: el seguro. La mayoría de los motociclistas en el país no tiene seguro de responsabilidad civil. Cuando ocurre un accidente, las víctimás quedan desprotegidas. El sistema de salud absorbe el costo. Las familias quedan en la ruina.
La pregunta incómoda
¿Por qué la siniestralidad vial no genera la misma indignación pública que otros tipos de violencia?
La respuesta es incómoda: porque los accidentes de tránsito se perciben como fatalidades, no como crímenes. Como si morir en una carretera mal diseñada, conducida por alguien sin formación adecuada, sin casco certificado, en una moto sin seguro, fuera simplemente mala suerte. No lo es. Es el resultado de decisiones políticas, de presupuestos insuficientes, de instituciones débiles y de una cultura vial que normaliza el riesgo.
Cada uno de esos 835 muertos tiene nombre. Tiene familia. Tiene una historia que terminó en una carretera dominicana.
Lo que ya ocurre y lo que podría ocurrir
Lo que ya ocurre: el INTRANT avanza en la digitalización del registro de vehículos y en la modernización del sistema de licencias. El Gobierno ha invertido en mejoras de infraestructura vial en algunas carreteras principales. La Resolución 001-2025 sobre cascos es un paso en la dirección correcta.
Lo que podría ocurrir si no se actúa con urgencia: para finales de 2026, el país podría superar los 1,200 muertos en accidentes de tránsito. Una cifra que equivale a más de tres veces los muertos en operativos policiales. Una cifra que ningún discurso de seguridad menciona.
La conclusión
La seguridad no es solo la ausencia de crimen organizado. No es solo la cantidad de operativos policiales. No es solo el número de detenidos en una semana.
La seguridad es también el derecho de un motoconchista de llegar a su casa vivo. El derecho de un mensajero de no morir en una carretera sin señalización. El derecho de una familia de no perder a su sostén económico en un accidente que era prevenible.
Mientras el discurso de seguridad en República Dominicana siga ignorando la masacre silenciosa de las carreteras, seguiremos contando muertos que nadie llora en público, en accidentes que nadie llama por su nombre: una crisis de salud pública que mata más que muchos de los crímenes que sí generan alarma.
Tres de cada cuatro muertos en la carretera van en moto. Es hora de que eso aparezca en el discurso de seguridad.
Por Daniel Segundo Monzon / Columnista de El Zafacón
