SANTO DOMINGO.- Un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados propone que la Junta Central Electoral (JCE) entregue una cédula especial, con la mención «NO VOTA», a personas residentes en el país cuya nacionalidad no se haya podido acreditar.
La iniciativa, registrada con el número 06435-2024-2028-CD, es de la diputada Maribel Almánzar de Ogando, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que la presenta como una salida humanitaria. Tiene 69 artículos en ocho capítulos y se depositó en octubre. Está en etapa inicial: no se ha confirmado su primera lectura ni su envío a una comisión.
Lo que hay que saber
- A quién alcanzaría: a personas radicadas en el país cuya nacionalidad no se acredite tras agotar las investigaciones oficiales, y a quienes tienen documentos suspendidos o retenidos por fallas registrales, como duplicidad de registros, suplantación o falsedad en los asientos.
- Para qué serviría: trámites civiles, gestiones bancarias, actos comerciales y relaciones laborales en los que la ley no exija expresamente la ciudadanía.
- Qué no daría: ni la nacionalidad dominicana, ni el voto, ni el pasaporte. Si no se acredita ninguna nacionalidad, el documento diría «Nacionalidad no determinada».
- Plazos: la JCE tendría 30 días laborables para decidir cada caso, ampliables a 45 si la complejidad lo exige. Las instituciones públicas tendrían 15 días laborables para actualizar sus registros, y el reglamento debería aprobarse en 60 días tras la entrada en vigencia.
El proyecto plantea además una evaluación individual de cada caso, con vínculos familiares, laborales, educativos, económicos y sociales, y aclara que el arraigo no dependería solo del tiempo de permanencia. Los trámites serían gratuitos.
Las primeras reacciones
El diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, consideró la iniciativa inoportuna y no conveniente para el país, aunque aclaró que no conoce su contenido y expresó respeto por la propuesta. Ramón Raposo, diputado del Partido Revolucionario Dominicano, sostuvo que debe estudiarse a profundidad antes de fijar posición. Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, la calificó de atentado contra la soberanía nacional.
Por qué importa
El debate toca dos temas sensibles: la situación de quienes llevan años sin documentos válidos por problemas en el registro civil y la política migratoria, en un momento en que el Gobierno reporta más de 40,000 deportaciones en un mes. También coincide con el proceso de la nueva cédula, que la JCE ya está entregando en el país y en el exterior.
La pieza no ha sido debatida en el pleno. Para convertirse en ley tendría que pasar por las dos cámaras del Congreso Nacional y ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
Legisladores de pie en un hemiciclo. Foto de archivo.
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