SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo depositó el jueves 29 de octubre en el Senado el proyecto de Ley General de Concesiones de Bienes, Servicios y Obras Públicas, con el que busca regular por primera vez de forma específica este tipo de contratos entre el Estado y empresas privadas.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió la pieza de manos del director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; la subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo, Maireni Rivas, y el especialista legal de esa dirección Esteivin Acosta.
Qué propone el proyecto
La iniciativa fija reglas para todas las etapas de una concesión: planificación, selección, adjudicación, firma, ejecución, supervisión, modificación y terminación del contrato. También regula la duración de los acuerdos, sus prórrogas, el reparto de riesgos entre el Estado y el sector privado, la fiscalización financiera de los proyectos y la continuidad de los servicios públicos.
El texto crea un Sistema Nacional de Concesiones Públicas, con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) como órgano rector y un Consejo Nacional de Concesiones como instancia deliberativa. Los concesionarios se escogerían por licitación pública nacional o internacional, con criterios objetivos de evaluación y publicidad de los procesos.
Incluye además medidas contra los conflictos de interés, prohibiciones e inhabilitaciones para personas y empresas que no podrán participar, y sanciones por incumplimientos e irregularidades.
Lo que hay que saber
- Qué es una concesión: un contrato por el que el Estado encarga a un privado construir, operar o explotar un bien, un servicio o una obra pública durante un tiempo determinado.
- Por qué ahora: según Contrataciones Públicas, esta modalidad no tiene hoy una regulación propia en el país.
- Quién vigilará: la DGCP, como rectora del nuevo sistema.
- Próximo paso: el proyecto debe incluirse en la agenda, pasar a una comisión y volver al pleno del Senado.
Por qué se presentó
Pimentel explicó que la concesión es un tipo de contrato que hoy no está regulado en la República Dominicana. «Esta ausencia motivó la necesidad de elaborar este proyecto de ley», dijo, y agregó: «Este proyecto busca fortalecer el régimen de contrataciones de la República Dominicana». La pieza complementa la legislación reciente sobre compras y contrataciones públicas.
La DGCP ha intervenido en procesos de alto perfil en las últimas semanas, como cuando suspendió la licitación de autobuses de la OMSA, y el Estado mantiene en marcha grandes obras de infraestructura, como el puente basculante sobre el Ozama.
De los Santos recordó el trámite que seguirá la iniciativa: «Ustedes saben que nosotros lo que recibimos es la materia prima; esa materia prima la enviamos a comisión». La cámara aún no ha designado la comisión que la estudiará ni ha fijado un calendario. Sigue la agenda legislativa en nuestra sección del Senado.
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